La controversia gira principalmente alrededor del Decreto 467/2026, firmado por Javier Milei, que modificó el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos. La reforma eliminó la instancia previa que permitía a ciudadanos, universidades, colegios profesionales y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos antes de que fueran enviados al Senado. Desde el Gobierno sostienen que el cambio busca agilizar los nombramientos y evitar duplicaciones administrativas, argumentando que el Senado sigue funcionando como ámbito de control institucional. Sin embargo, los críticos responden que la participación ciudadana previa era precisamente la herramienta que permitía advertir objeciones antes de que el Poder Ejecutivo tomara una decisión definitiva. La reacción fue inmediata. Organizaciones como Poder Ciudadano, el CELS, Amnistía Internacional, ACIJ y numerosos colegios de abogados denunciaron que la medida representa un retroceso en materia de transparencia y control democrático. Más de veinte entidades emitieron documentos conjuntos reclamando la derogación del decreto y defendiendo los mecanismos de participación pública vigentes desde hace más de dos décadas. El conflicto no se limita al Poder Judicial. Paralelamente, el oficialismo impulsa un proyecto de "Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses", conocido popularmente como Ley de Lobby. La iniciativa obligaría a registrar y reportar formalmente reuniones e intervenciones de organizaciones civiles, fundaciones, sindicatos y otros actores que busquen influir en decisiones estatales. Diversas entidades consideran que la propuesta podría terminar equiparando la actividad ciudadana con el lobby corporativo y generar mecanismos de control excesivos sobre la participación democrática. Para los sectores críticos, ambas iniciativas forman parte de una misma lógica política: reducir los espacios de intervención de actores externos en las decisiones del Estado. La preocupación se amplifica porque estas medidas se suman a otras decisiones tomadas durante la gestión libertaria vinculadas al acceso a la información pública, organismos de control y mecanismos de supervisión institucional. Juristas y constitucionalistas también comenzaron a actuar. En los últimos días fueron presentadas acciones judiciales para intentar declarar inconstitucional el decreto que modificó el sistema de selección de jueces. Los demandantes sostienen que la eliminación de instancias de participación afecta principios republicanos básicos y debilita la calidad institucional del proceso de designación de magistrados. Desde la oposición política interpretan estos movimientos como una nueva muestra de la tensión existente entre el discurso libertario de reducción del Estado y la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. El debate ya llegó al Congreso y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión institucional durante el segundo semestre. El Gobierno defiende las reformas como herramientas destinadas a modernizar la administración pública, acelerar procesos burocráticos y reducir estructuras que considera innecesarias. Pero del otro lado crece la preocupación por lo que muchos describen como una progresiva reducción de los canales de participación ciudadana en decisiones clave para la democracia argentina.           Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P