Nacional

Milei otorgó un aumento a los estatales

El Gobierno cerró una nueva paritaria para la administración pública nacional con una suba acumulada del 6,64% entre junio y agosto y un bono de $50.000. Mientras UPCN aceptó la propuesta, ATE la rechazó de manera contundente y denunció una nueva pérdida del poder adquisitivo. La negociación volvió a exponer la división sindical frente al ajuste libertario.

  • 18/06/2026 • 15:33

El gobierno de Javier Milei alcanzó este jueves un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de la administración pública nacional, pero el entendimiento volvió a mostrar la profunda fractura que atraviesa al sindicalismo estatal. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) decidió firmar la propuesta oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó de plano y anticipó nuevas medidas de protesta.

La oferta presentada por la administración libertaria contempla aumentos escalonados del 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, lo que representa una mejora acumulada del 6,64% para el trimestre. Además, incluye el pago de un bono remunerativo de $50.000 que será abonado durante agosto.

La aceptación de UPCN permitió homologar automáticamente el acuerdo debido a que se trata del sindicato mayoritario dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que alcanza a cientos de miles de empleados públicos nacionales. Desde la conducción del gremio argumentaron que la propuesta constituye una mejora posible dentro del actual contexto económico y destacaron la continuidad de la negociación paritaria.

La reacción de ATE fue exactamente la contraria. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar calificó la oferta como insuficiente y denunció que consolida la pérdida salarial acumulada durante los últimos años. Según los cálculos difundidos por la organización, los aumentos acordados durante la etapa anterior alcanzaron el 21%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 33,2%, generando una pérdida superior a los 12 puntos porcentuales.

Aguiar fue especialmente duro al cuestionar la propuesta oficial. El dirigente sostuvo que el incremento no contempla ninguna recuperación del poder adquisitivo perdido y acusó al Gobierno de profundizar el deterioro de los salarios estatales. Además, reclamó una suma fija de $400.000 para recomponer los ingresos más bajos y una cláusula automática de actualización por inflación.

Desde ATE también remarcaron que el aumento trimestral acordado se ubica por debajo de las proyecciones inflacionarias para el mismo período. Según el sindicato, mientras la oferta alcanza el 6,64%, la inflación acumulada superaría el 8%, ampliando nuevamente la brecha entre salarios y precios.

La nueva negociación salarial se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales. Durante los últimos meses se multiplicaron los reclamos por despidos, cierres de organismos, reducción de estructuras administrativas y congelamiento de distintas partidas presupuestarias. En ese escenario, la discusión salarial se transformó en uno de los principales focos de conflicto entre la gestión libertaria y los sindicatos del sector público.

Para la Casa Rosada, el acuerdo constituye una muestra de que el esquema de negociación colectiva continúa funcionando y permite adecuar los salarios a la desaceleración inflacionaria que exhibe el Gobierno como uno de sus principales logros económicos. Sin embargo, la negativa de ATE anticipa que el conflicto gremial está lejos de resolverse.

La división entre UPCN y ATE ya se convirtió en una constante durante la administración Milei. Mientras el gremio conducido por Andrés Rodríguez suele aceptar las propuestas oficiales para garantizar actualizaciones periódicas, el sindicato liderado por Aguiar denuncia que esos acuerdos terminan consolidando una pérdida salarial histórica para los trabajadores estatales.

Con la paritaria ya homologada, el aumento comenzará a impactar en los salarios de junio. Pero la discusión política y sindical seguirá abierta. Porque detrás de los porcentajes, la verdadera disputa gira en torno a una pregunta que atraviesa a todo el sector público: si los salarios estatales están acompañando la inflación o si continúan perdiendo terreno frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

 

 

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