La pelea entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires volvió a escalar fuerte después de que la UBA acusara a la Casa Rosada de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y de intentar evitar por vía judicial una obligación que, según sostienen, sigue plenamente vigente.   El encargado de salir al cruce fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien aseguró que “no existe una sentencia que le dé la razón al Gobierno” y remarcó que el Estado nacional “está obligado” a aplicar la ley aprobada por el Congreso.    La respuesta llegó luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitara al Ejecutivo a acudir a la Corte Suprema para cuestionar la cautelar que ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario. Pero desde la UBA aclararon que esa decisión no significa que el Gobierno haya ganado el caso ni que pueda dejar de transferir los fondos reclamados.    Yacobitti fue todavía más duro y acusó al oficialismo de intentar usar todos los recursos posibles para no cumplir una norma votada democráticamente por el Congreso. Según planteó, la conducta del Ejecutivo “vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos”.    El conflicto viene creciendo desde hace meses, pero en los últimos días sumó un nivel de tensión mucho mayor por la situación crítica de los hospitales universitarios y el deterioro presupuestario que denuncian las universidades públicas.    Desde el sistema universitario sostienen que el Gobierno sigue sin girar partidas específicas aprobadas por ley y advierten que la situación ya afecta salarios docentes, becas estudiantiles, funcionamiento académico y atención médica en hospitales dependientes de universidades nacionales.    El Gobierno, por su parte, mantiene otra postura. La Casa Rosada argumenta que existen cuestionamientos jurídicos sobre la aplicación de la ley y sostiene que las medidas cautelares todavía deben resolverse de manera definitiva en la Justicia. Además, acusa a sectores universitarios de intentar quedarse con partidas presupuestarias desproporcionadas.    En paralelo, el conflicto ya se trasladó también al terreno político y social. Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo en defensa de la educación pública y para reclamar actualización salarial y mayor presupuesto.    La discusión además se da en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales y ajuste del gasto público, mientras el sistema universitario denuncia recortes reales y pérdida de financiamiento.    Detrás de la pelea jurídica aparece un debate mucho más profundo: hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con el ajuste sobre universidades públicas y qué impacto puede tener eso sobre uno de los sectores históricamente más sensibles de la sociedad argentina.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P