El gobierno de Javier Milei sufrió un golpe judicial importante en uno de los proyectos más sensibles de su gestión. La Corte Suprema rechazó el pedido de per saltum presentado por el Ejecutivo para intentar destrabar la reforma laboral y dejó vigente la cautelar que mantiene suspendidos artículos centrales de la ley.   La decisión fue tomada este 7 de mayo y representa un freno directo a la estrategia de la Casa Rosada, que buscaba que el máximo tribunal interviniera de inmediato para restablecer la aplicación plena de la ley de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo. En una resolución breve pero contundente, la Corte consideró que no estaban dadas las condiciones jurídicas para habilitar el llamado “salto de instancia”, el mecanismo excepcional que permite llegar directamente al máximo tribunal sin pasar por todas las instancias inferiores.   Con eso, el recurso quedó declarado “inadmisible” y el expediente seguirá su recorrido judicial normal. Traducido políticamente: el Gobierno no consiguió el atajo que buscaba para acelerar la reforma laboral. El pedido había sido impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, después de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 suspendiera 83 artículos de la reforma tras una presentación de la CGT. La central obrera sostiene que varios puntos de la ley vulneran derechos laborales básicos, afectan la protección del trabajo y limitan derechos sindicales. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda aceptó parcialmente ese planteo y frenó la aplicación de los artículos cuestionados con efectos generales. Frente a eso, el Gobierno intentó ir directamente a la Corte argumentando “gravedad institucional”. Según la Casa Rosada, la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior afectaba la división de poderes y generaba inseguridad jurídica. Pero en el medio ocurrió algo clave: la Cámara Nacional del Trabajo decidió enviar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal. Ese movimiento terminó debilitando el argumento oficial porque ya existía una instancia superior interviniendo en el caso, lo que volvió prácticamente inviable el per saltum. Dentro del Gobierno la decisión cayó mal porque la reforma laboral es uno de los pilares del programa económico libertario. La Casa Rosada considera que flexibilizar contrataciones, reducir litigiosidad y modificar costos laborales es central para atraer inversiones y generar empleo formal. Del otro lado, la CGT y sectores sindicales interpretaron el fallo como un respaldo importante a su estrategia judicial y política contra la reforma. Para el sindicalismo, la decisión demuestra que el avance oficial sobre derechos laborales todavía puede encontrar límites en la Justicia.   El expediente ahora continuará en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la pelea judicial promete extenderse durante meses. La Corte, por ahora, eligió mantenerse al margen y dejar que el conflicto siga su recorrido ordinario antes de intervenir eventualmente más adelante.   Lo que queda claro es que el Gobierno volvió a encontrarse con un obstáculo judicial en uno de los temas que considera prioritarios. Y mientras la disputa sigue abierta en tribunales, parte de la reforma laboral continúa frenada.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P