La causa ANDIS entró en una etapa decisiva y promete sacudir de lleno al Gobierno. Desde este martes comenzó una nueva ronda de indagatorias en Comodoro Py que pone bajo la lupa a exfuncionarios, empresarios y presuntos intermediarios en uno de los escándalos de corrupción más sensibles de la actual gestión. El expediente investiga un presunto esquema de desvío millonario de fondos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo clave encargado de políticas públicas para personas con discapacidad. La Justicia busca determinar si existió una estructura organizada para direccionar contratos, inflar precios y repartir retornos en la compra de insumos médicos.  En este nuevo tramo, unos 35 imputados deberán declarar ante el juez federal Ariel Lijo a lo largo de varias semanas. Entre los nombres centrales aparecen Diego Spagnuolo —ex titular del organismo— y el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como un nexo clave entre el sector privado y la estructura estatal.  El avance judicial no es menor. Se trata de la segunda tanda de indagatorias en una causa que ya es considerada el primer gran caso de corrupción que golpea a la administración de Javier Milei.  Las acusaciones son graves. Según la fiscalía, se habría montado un sistema para direccionar compras de medicamentos de alto costo, con sobreprecios y reparto de beneficios entre funcionarios y empresas. Incluso se investiga que intermediarios se quedaban con porcentajes de las adjudicaciones, lo que agrava el impacto sobre recursos destinados a sectores vulnerables.  El dato político más delicado es que varios de los principales imputados optaron por no declarar ante la Justicia, una estrategia que refuerza el hermetismo y deja la investigación en manos de las pruebas documentales y peritajes.  El caso ya había generado consecuencias. Renuncias, procesamientos y allanamientos marcaron los primeros meses de la investigación, pero esta nueva etapa puede escalar el conflicto a niveles más altos si se confirman responsabilidades dentro de la estructura estatal.    El trasfondo es explosivo. No solo se investiga corrupción: se trata de fondos destinados a políticas de discapacidad, lo que amplifica el impacto social y político del escándalo. La señal es clara: la causa ANDIS dejó de ser un expediente más. Se convirtió en una prueba de fuego para el Gobierno. Y lo que pase en Comodoro Py en las próximas semanas puede redefinir mucho más que responsabilidades judiciales: puede marcar el costo político de toda una gestión.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P