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La CGT va a fondo contra la reforma y escala la pelea judicial

Pide anular el fallo, recusa jueces y apunta a la Corte

  • 27/04/2026 • 16:44

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei entró en una nueva fase de conflicto abierto. La CGT decidió redoblar la apuesta judicial: recusó a los camaristas que habilitaron la vigencia de la ley y pidió directamente la nulidad del fallo que le devolvió vida a los artículos clave de la reforma.


La central obrera presentó una acción para que se invalide la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había dejado sin efecto la cautelar previa y permitió la aplicación de la reforma laboral. 


El punto más explosivo es la recusación de los jueces. Desde la CGT cuestionan especialmente al camarista Víctor Arturo Pesino, al que vinculan con una decisión del Gobierno que le extendió su mandato, lo que para el sindicalismo pone en duda la imparcialidad del fallo. 


La reacción no es solo jurídica, es política. Dirigentes sindicales calificaron la resolución como “indignante” y anticiparon que la pelea no se va a detener en esta instancia: ya evalúan llevar el caso hasta la Corte Suprema, en lo que promete ser una disputa de largo recorrido. 


El trasfondo del conflicto es profundo. La reforma laboral —que incluye cambios en indemnizaciones, condiciones de contratación, jornada y representación sindical— ya venía siendo cuestionada por afectar derechos históricos del trabajo. 


La secuencia expone un escenario de choque total. Primero, la Justicia frenó parte de la ley con una cautelar. Luego, la Cámara revirtió esa decisión y reactivó la reforma. Ahora, la CGT vuelve a judicializar el proceso con un intento de anular ese fallo y desplazar a los jueces que lo firmaron.


En paralelo, el conflicto se traslada a la calle. La central obrera ya convocó a movilizaciones y no descarta medidas de fuerza más duras, en un contexto donde el deterioro económico y la caída del poder adquisitivo alimentan el malestar social. 


La señal es clara: la reforma laboral dejó de ser solo una ley. Se convirtió en el eje de una disputa de poder entre el Gobierno, la Justicia y el sindicalismo. Y esa pelea recién empieza.

 

 

 

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