El colapso de la Ruta Nacional 34 escaló al plano judicial luego de que dirigentes y autoridades provinciales decidieran avanzar con un amparo para exigir obras urgentes al gobierno de Javier Milei, en medio de un deterioro que ya genera consecuencias trágicas.   El detonante fue un reciente accidente fatal en Santa Fe que dejó cuatro muertos y volvió a poner el foco sobre el estado crítico de la traza. A partir de ese hecho, se reactivaron reclamos históricos que ahora buscan una respuesta en la Justicia ante la falta de intervención estatal.    El gobierno santafesino tuvo que hacerse cargo de la reparación de una alcantarilla rota que había cortado durante varios días el paso por la Ruta Nacional 34 a la altura de Lehmann. Vialidad Nacional no había respondido a los reclamos.   La situación es calificada como de “abandono total”. Según denuncian autoridades locales, hay tramos donde directamente “los pozos son más grandes que lo que queda de asfalto”, lo que vuelve a la ruta prácticamente intransitable, especialmente en días de lluvia.    El senador provincial Esteban Motta anunció la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal para obligar a Vialidad Nacional a ejecutar obras inmediatas. La decisión se tomó luego de agotar instancias políticas sin obtener respuestas concretas del Gobierno.    El problema no es nuevo, pero se agravó con el freno a la obra pública. La Ruta 34, uno de los principales corredores del norte argentino, muestra un deterioro acelerado que impacta no solo en la seguridad vial, sino también en la logística productiva de varias provincias.    Los números reflejan la gravedad: en 2024 se registraron decenas de víctimas fatales y en lo que va de 2026 ya se acumulan múltiples muertes en distintos tramos, lo que refuerza la percepción de que la falta de mantenimiento se está pagando con vidas.    Además del riesgo vial, la paralización de obras también genera impacto económico y laboral. En Jujuy, por ejemplo, advierten que la detención de trabajos podría derivar en despidos masivos en el sector de la construcción, profundizando la crisis.    El reclamo se enmarca en un conflicto más amplio entre Nación y provincias por la inversión en infraestructura. Gobernadores e intendentes cuestionan que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles no se estén destinando a obras viales, pese a su asignación específica.    Así, la Ruta 34 se convierte en símbolo de un problema mayor: el deterioro de la red vial nacional en un contexto de ajuste y paralización de la obra pública.   Y ahora, con la vía política agotada, el conflicto entra en una nueva etapa: la judicialización de un reclamo que ya no admite más demoras.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P