El ajuste del gasto público empezó a mostrar su cara más visible en servicios esenciales y encendió alarmas en el Congreso, donde distintos bloques impulsan iniciativas para frenar el deterioro en salud y transporte. La discusión ya no gira solo en torno al equilibrio fiscal, sino al impacto directo en la vida cotidiana de millones de argentinos, en un contexto de creciente malestar social. Según se planteó en el ámbito legislativo, la política de recorte avanzó sobre prestaciones clave que hasta ahora funcionaban como red de contención. En salud, la suspensión del programa Remediar —que garantizaba medicamentos gratuitos para enfermedades frecuentes— y la creciente deuda del PAMI con prestadores dejaron al sistema al borde de una situación crítica. Desde la oposición advierten que más de cinco millones de afiliados podrían ver afectada su atención médica si no se regularizan los pagos.  El impacto ya se siente en el territorio. Hay clínicas que dejaron de atender afiliados o redujeron servicios, mientras pacientes deben trasladarse decenas o incluso cientos de kilómetros para recibir tratamiento, en un sistema cada vez más tensionado. La crisis del PAMI, además, se suma a un escenario de conflicto interno en el Gobierno y a la incertidumbre sobre la continuidad de la conducción del área de Salud.  En paralelo, el ajuste también golpea al transporte público. A la suspensión de servicios ferroviarios de larga distancia se le suma la reducción de frecuencias de colectivos, una medida que ya comenzó a replicarse tanto en el AMBA como en el interior del país. En algunos casos, las empresas recortaron hasta un 30% de los servicios por falta de actualización de subsidios y aumento de costos.  Este escenario generó una reacción política en Diputados, donde distintos bloques buscan instalar el tema en la agenda y forzar explicaciones del Ejecutivo. Sin embargo, reconocen que con la actual correlación de fuerzas es difícil que prosperen proyectos que contradigan la estrategia oficial. El trasfondo es claro: la Casa Rosada mantiene como prioridad sostener el superávit fiscal, incluso a costa de reducir prestaciones públicas. Desde el propio Gobierno admiten que el recorte de servicios no es una consecuencia sino parte del objetivo de gestión, en una etapa donde el margen de ajuste sobre otras áreas ya se redujo.  Así, el conflicto deja de ser técnico y pasa a ser político. Mientras el oficialismo apuesta a consolidar su programa económico, en el Congreso y en la calle crece la presión por el impacto social de las medidas. Salud y transporte, dos pilares básicos, se transforman ahora en el nuevo frente de disputa.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P