Alejandro Melik presentó su renuncia El Gobierno nacional volvió a mover fichas en un área sensible y cargada de impacto político: la lucha contra la corrupción. En las últimas horas se confirmó la renuncia del titular de la Oficina Anticorrupción, en el marco de una reestructuración más amplia impulsada por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El cambio no es aislado.   Forma parte de una reorganización profunda dentro del Ministerio de Justicia que incluye la salida de varios funcionarios clave en organismos de control. Entre ellos, la propia Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ), áreas estratégicas para el control institucional del Estado.    La lógica detrás de la decisión es política.   Mahiques fue explícito: al asumir, pidió la renuncia de los funcionarios que respondían a la gestión anterior para armar su propio equipo. “Son cargos políticos”, explicó el ministro, dejando en claro que busca imprimirle su sello a la nueva etapa del área judicial.    En ese contexto, la salida del titular de la Oficina Anticorrupción adquiere un significado particular. Se trata de un organismo clave dentro del esquema institucional argentino, encargado de prevenir e investigar irregularidades en la administración pública y de diseñar políticas de transparencia.  Por eso, cada cambio en su conducción tiene impacto político directo. No solo por lo que implica en términos de control estatal. Sino también por la señal que envía el Gobierno. Gabriela Zangaro es la nueva titular de la Oficina Anticorrupción  La designación de un nuevo titular —definida por el propio Mahiques— apunta a reforzar el alineamiento con la nueva conducción del Ministerio de Justicia, en una etapa donde el oficialismo busca mayor control sobre áreas sensibles. Pero el movimiento también abre interrogantes. Porque se produce en un contexto donde el Gobierno enfrenta denuncias, cuestionamientos por licitaciones, polémicas por funcionarios y el impacto aún abierto del caso LIBRA. Y en ese escenario, los organismos de control dejan de ser solo estructuras técnicas. Se convierten en piezas políticas. El recambio, además, se inscribe en una lógica más amplia dentro de la administración de Javier Milei: la sustitución de equipos heredados por cuadros propios en áreas clave del Estado. Una práctica habitual en cualquier cambio de gestión, pero que en este caso se acelera en sectores particularmente sensibles. La Oficina Anticorrupción no es un organismo más. Es, en términos simbólicos, uno de los pilares del discurso de transparencia que el propio Milei instaló como bandera. Por eso, su reconfiguración no pasa desapercibida. Y se vuelve aún más relevante cuando ocurre en paralelo a una serie de escándalos que ponen en discusión la relación entre poder político y negocios. El Gobierno, por ahora, apuesta a ordenar internamente el área judicial y consolidar un equipo propio. Pero el desafío es otro. No solo quién controla. Sino cómo se controla. Y con qué credibilidad.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P