La relación entre el Gobierno nacional y las provincias suma un nuevo foco de conflicto. Gobernadores de distintos espacios políticos expresaron fuerte malestar por los fondos enviados por la administración de Javier Milei en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que consideran insuficientes frente al deterioro de sus ingresos.   Según trascendió, la Casa Rosada giró alrededor de 47 mil millones de pesos en marzo, una cifra que generó rechazo inmediato en las provincias. “No cubre ni el 6% de lo que perdimos”, señalaron desde el entorno de varios mandatarios, en una crítica directa al volumen de la asistencia.    El problema de fondo es mucho más amplio. Las provincias vienen registrando una fuerte caída de recursos producto de la recesión, la baja en la recaudación y recortes en transferencias nacionales. Solo en los primeros meses del año, las pérdidas acumuladas por coparticipación y otros ingresos superan ampliamente los montos enviados por la Nación.    La distribución de los ATN también generó ruido político. Según las versiones que circulan, los fondos se concentraron principalmente en provincias alineadas con el oficialismo, mientras que distritos gobernados por la oposición quedaron relegados o directamente sin asistencia.    En números concretos, algunas provincias recibieron montos puntuales —como Corrientes, Mendoza o Entre Ríos—, mientras que otras apenas accedieron a transferencias menores. En paralelo, el rojo fiscal en las jurisdicciones crece: se estima que muchas enfrentan déficits que van desde los 35 mil hasta los 70 mil millones de pesos trimestrales.    El conflicto tiene una dimensión estructural. Los ATN forman parte del sistema de coparticipación y están pensados como un mecanismo de asistencia para situaciones de emergencia, pero su uso discrecional por parte del Ejecutivo siempre fue motivo de disputa política entre Nación y provincias.    En este contexto, los gobernadores advierten que la situación es insostenible. La caída de ingresos se combina con una mayor demanda social y la paralización de obras públicas, lo que presiona aún más sobre las finanzas provinciales.   El trasfondo es claramente político. La tensión por los recursos se suma a otros conflictos abiertos entre la Casa Rosada y las provincias, en un escenario donde la gobernabilidad depende, en gran parte, del vínculo con los mandatarios territoriales.   Por ahora, el Gobierno sostiene su política de ajuste fiscal y administración centralizada de recursos. Pero el malestar crece. Y en la Argentina, cuando las provincias entran en crisis, el conflicto deja de ser económico. Se convierte en político.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P