El frente político del gobierno de Javier Milei suma un nuevo foco de tensión. En medio de una seguidilla de polémicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena tras una denuncia que apunta a la presunta construcción de una vivienda de lujo en un country exclusivo que no habría sido declarada en sus registros patrimoniales.   La acusación fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien amplió una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Según la presentación judicial, existiría una propiedad de dos plantas en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figura en las declaraciones juradas del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.    Los datos que surgen de la investigación complican el cuadro: el inmueble tendría un valor estimado entre 129.000 y 249.000 dólares y estaría vinculado a su entorno familiar, lo que refuerza las sospechas sobre un posible ocultamiento patrimonial.   Pero el impacto político del caso va más allá de la denuncia en sí. La polémica se da en un contexto en el que Adorni ya venía golpeado por otros episodios, como el escándalo por el uso de vuelos privados y cuestionamientos sobre su nivel de gastos. En ese marco, el nuevo capítulo alimenta la idea de un desgaste creciente dentro del propio oficialismo.   La reacción del Gobierno no tardó en llegar. Lejos de tomar distancia, Milei salió a respaldar a su jefe de Gabinete y debió desmentir versiones que indicaban una posible salida del funcionario. La señal fue clara: en medio de la tormenta, la Casa Rosada apuesta a cerrar filas y evitar una crisis interna mayor.   Sin embargo, puertas adentro el clima es otro. Las tensiones dentro del oficialismo vienen escalando y el caso Adorni aparece como un síntoma más de un esquema que empieza a mostrar fisuras. Las versiones cruzadas, las filtraciones y las internas cada vez menos disimuladas configuran un escenario donde la estabilidad política ya no parece garantizada.   El dato más sensible es que la denuncia no solo apunta a una irregularidad administrativa, sino a delitos graves como enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y omisión en declaraciones juradas. Si la Justicia avanza, el impacto podría escalar rápidamente.    En paralelo, el caso también expone una contradicción central del discurso oficial. Mientras el Gobierno construye su narrativa sobre la transparencia y la lucha contra “la casta”, uno de sus principales funcionarios queda envuelto en acusaciones que remiten precisamente a esas prácticas que dice combatir.   Por ahora, Milei eligió sostener a Adorni. Pero el costo político empieza a crecer. Y en un escenario donde la agenda pública se acumula de conflictos, cada nuevo escándalo deja de ser un hecho aislado para convertirse en parte de un problema mayor: la dificultad del Gobierno para ordenar su propio frente interno.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P