La Corte Suprema de Justicia resolvió que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi investigue la denuncia presentada contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo desplegado en una protesta frente al Congreso.   La decisión del máximo tribunal —firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— zanjó un conflicto de competencia entre la justicia federal y la justicia ordinaria sobre quién debía llevar adelante la investigación.   La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, por el operativo del 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso, durante una movilización contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.   Según la presentación judicial, durante ese procedimiento se ejerció violencia contra manifestantes. Aquella jornada terminó con enfrentamientos, cerca de 30 heridos —entre ellos ocho periodistas— y una fuerte polémica política por la aplicación del protocolo antipiquetes.   Cuando el expediente llegó al juzgado federal, Martínez De Giorgi consideró inicialmente que el caso estaba vinculado con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que estableció el protocolo de actuación frente a cortes de calles, y declinó su competencia en favor de la justicia ordinaria.   Sin embargo, el fuero nacional rechazó intervenir al sostener que investigar la conducta de una ministra nacional por actos vinculados a su función corresponde a la justicia federal. El conflicto escaló hasta la Corte.   En su dictamen, el procurador general Eduardo Casal sostuvo que la causa debía continuar en el fuero federal y que la eventual coincidencia de cuestiones jurídicas no modificaba las reglas de competencia. La Corte adoptó ese criterio y dejó el expediente en manos de Martínez De Giorgi.   La resolución no implica una definición sobre el fondo del caso, pero sí habilita que la investigación avance en Comodoro Py. El fallo tiene además impacto político.   La ministra Bullrich es una de las figuras centrales del Gobierno y la principal impulsora del protocolo de seguridad que el oficialismo defiende como herramienta para garantizar el orden público. La continuidad de la causa reabre el debate sobre el uso de la fuerza en protestas sociales y anticipa un nuevo frente judicial para el Ejecutivo.   La investigación recién comienza. Pero la decisión de la Corte confirma que el conflicto entre seguridad y protesta seguirá también en los tribunales.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P