Nacional

La AFA denuncia operación política y va a la Justicia

La Asociación del Fútbol Argentino respondió con un comunicado demoledor a la embestida de la IGJ, denunció una operación política detrás de la veeduría y anunció que recurrirá a la Cámara Civil y, si es necesario, a la Corte Suprema. En el trasfondo, la disputa por las SAD y el control del fútbol argentino.

  • 26/02/2026 • 14:55

En el contexto de una escalada de tensiones entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA volvió a dar un paso firme para defender su autonomía institucional. Tras meses de denuncias administrativas, embestidas mediáticas y presiones desde distintos organismos oficiales, la entidad concretó el cambio de domicilio de su sede legal a la Provincia de Buenos Aires —medida que ya había sido aprobada en Asamblea— y que ahora quedó confirmada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Este movimiento, aparentemente técnico, tiene un impacto profundo en la disputa política y legal que enfrenta la AFA, ya que deja sin competencia a la Inspección General de Justicia (IGJ) y pone en cuestión las intenciones reales detrás de la avanzada oficial, que ahora queda expuesta como una maniobra más política que judicial. (Podés leer:¨AFA muda su domicilio y deja sin poder a la IGJ¨)
 

La Asociación del Fútbol Argentino decidió pasar a la ofensiva. Tras el comunicado de la Inspección General de Justicia (IGJ) que dispuso una veeduría sobre la entidad y habló de “graves irregularidades”, la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia respondió con un texto institucional de alto voltaje político y jurídico.
 



La frase central no deja margen a dudas:

> “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.

No es una respuesta defensiva. Es una acusación directa.


La contradicción que expone la AFA: uno de los ejes más contundentes del comunicado apunta a una inconsistencia central de la IGJ: el organismo sostiene que la veeduría “no es una sanción”, pero al mismo tiempo fundamenta su decisión en supuestas “graves irregularidades”.


Desde el punto de vista jurídico, la contradicción es evidente: Si existen irregularidades graves, corresponde aplicar una sanción. Si no hay sanción, entonces no hay gravedad que la justifique. La propia AFA lo deja planteado con crudeza: si la medida no es punitiva, ¿por qué se apoya en un relato de escándalo administrativo?

Allí aparece el punto político: la construcción de impacto público.El antecedente que preocupa al Gobierno

 


El comunicado recuerda el antecedente del caso Bullrich, cuando la Justicia anuló una intervención impulsada bajo argumentos similares. La entidad advierte que seguirá el mismo camino:

> “Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”.


El mensaje es claro: esto no se resolverá en titulares ni en redes sociales.

El trasfondo real: SAD y disputa de poder

La AFA no evita el núcleo del conflicto. Lo menciona explícitamente. Detrás de la ofensiva administrativa hay una disputa estructural: el modelo de clubes sociales frente al avance del proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas.


En su texto, la entidad sostiene que la medida no es técnica sino política, y que forma parte de una escalada de presión institucional.


No es un dato menor que todo esto ocurra luego del cambio de domicilio a la Provincia de Buenos Aires, movimiento que dejó sin competencia a la IGJ y debilitó la capacidad de intervención directa desde Nación. Desde ese momento, la embestida se intensificó.
 

El punto de fricción es evidente: cuando el control se aplica selectivamente sobre un actor que confronta con el Gobierno en materia de SAD y autonomía institucional, la neutralidad administrativa queda en cuestión. Más aún cuando la entidad sostiene que los balances están presentados y que existen procedimientos administrativos en curso, no incumplimientos firmes.
 

En términos políticos, el problema para el Gobierno es otro: si judicialmente la medida cae —como ocurrió en antecedentes similares— el costo institucional será alto.
 

El comunicado termina con una frase que busca trascender la coyuntura judicial:

> “El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.

No es una consigna aislada. Es la síntesis de una disputa de fondo.

 

 

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