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0,03%: la cifra que desnuda el show contra la AFA

Si la “gravedad” de una supuesta deuda de $19.000 millones justificaba una prohibición de salida del país, ¿cómo se explica que el riesgo procesal desaparezca con una caución de apenas $5 millones? La contradicción expone lo que muchos sospechan: más que un problema jurídico, la causa contra la AFA parece haber sido una operación mediática.

  • 24/02/2026 • 11:37

La causa impulsada por ARCA contra la AFA y sus autoridades entró en una zona incómoda para quienes pretendían instalarla como el “gran escándalo tributario” del año. La razón no es política: es matemática.
 

La supuesta deuda invocada ronda los $19.000 millones. Sin embargo, la prohibición de salida del país que se dictó como medida cautelar quedó neutralizada mediante una caución de apenas $5 millones. Traducido en números: menos del 0,03% del monto mencionado.
 

La pregunta es obvia y estrictamente jurídica:

Si el riesgo procesal era tan grave como se sostuvo públicamente, ¿cómo puede desaparecer con una garantía simbólica?
 




En su análisis público, el abogado Gregorio Dalbón fue directo: el peligro de fuga no fluctúa según el monto que se fije como caución. O existe riesgo concreto, o no existe. No puede haber una amenaza institucional multimillonaria que se diluya con una suma que, en términos relativos, resulta marginal frente a la cifra que se agitó mediáticamente.


Y hay un dato aún más contundente: en la propia resolución judicial se reconoce que no existen “elementos objetivos” que permitan sostener que el viaje entorpezca el proceso. Es decir, el propio tribunal admite que no hay un riesgo concreto que justifique una restricción severa.


Entonces, la discusión ya no es contable. Es institucional.


Porque además, la AFA sostuvo desde el primer momento que no existe deuda exigible: los pagos fueron realizados antes de su vencimiento y lo que está en debate es una interpretación técnica, no una evasión ni una maniobra dolosa. Esa cuestión se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.
 

En otras palabras: No hay mora consolidada. No hay incumplimiento firme.No hay deuda vencida. Lo que sí hubo fue un anuncio impactante, una prohibición rimbombante y titulares de alto voltaje.


Y ahí aparece el punto más incómodo para el oficialismo: si la deuda no estaba vencida y si el propio tribunal admite que no hay riesgo objetivo, entonces ¿qué justificaba la urgencia, la espectacularidad y la exposición pública?


Las medidas cautelares —como bien señaló Dalbón— no son titulares. Son decisiones de garantía. En un Estado de Derecho deben basarse en fundamentos sólidos, no en efectos mediáticos.


La secuencia resulta llamativa:

- Primero, se instala la cifra millonaria.

- Luego, se habla de “gravedad institucional”.

- Se dicta una restricción severa.

- Y finalmente, todo se relativiza con una caución mínima.

- Lo que queda expuesto no es el imputado. Es la consistencia técnica de la decisión.


Porque si realmente estuviera en juego una deuda de semejante magnitud, el monto de la caución debería guardar proporcionalidad con el riesgo alegado. Y si no hay proporcionalidad, lo que queda al descubierto es que el problema no era el dinero. Era el impacto. Era la tapa. Era el show.

La causa por $19.000 millones terminó reducida a un 0,03%. Una cifra que, lejos de fortalecer la acusación, la desarma.

Y cuando la matemática contradice el relato, la operación empieza a desinflarse sola.


 

Lo que sucede con la causa ARCA no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una secuencia que la AFA viene enfrentando desde hace meses: denuncias amplificadas antes que investigadas, titulares condenatorios antes que resoluciones firmes, y una narrativa que intenta instalar sospechas permanentes aun cuando los propios expedientes empiezan a desinflarse en sede judicial. Cada episodio parece responder más a una lógica de desgaste público que a una verdadera búsqueda de verdad jurídica.
 

La pregunta que empieza a instalarse en los pasillos del fútbol y también en tribunales es si estamos frente a un control institucional legítimo o ante una estrategia de presión sistemática. Porque cuando las acusaciones se multiplican, pero las pruebas no consolidan delitos; cuando las cifras se agitan, pero luego se relativizan; cuando las restricciones se dictan con espectacularidad y se corrigen con discreción, lo que queda es una sensación de persecución. Y en ese contexto, la AFA no sólo defiende su posición procesal: defiende su autonomía frente a un clima político que parece decidido a judicializar el conflicto con el fútbol argentino.

 

 

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