La CGT elevó el tono de sus críticas en el marco de la pelea política por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. No se limitó a cuestionar al oficialismo en el Congreso, sino que extendió su crítica hacia gobiernos provinciales que, según denunciaron los sindicalistas, habrían apoyado o facilitado el avance de las modificaciones legales.   En una expresión durísima, los referentes de la central gremial calificaron a varios gobernadores como “entreguistas” por haber respaldado o no haberse opuesto de forma contundente al proyecto de reforma. “No se puede vender la dignidad del pueblo”, planteó la cúpula de la CGT, en un claro intento de movilización social y política ante lo que consideran una agresión directa a los derechos laborales. Los líderes sindicales no mencionaron individualmente a todos los mandatarios en sus declaraciones públicas, pero el mensaje fue suficiente para encender una nueva frente de tensión política. Para la CGT, la defensa del empleo, las condiciones de trabajo y el marco de derechos conquistados históricamente no puede quedar subordinada a intereses políticos sectoriales o a pactos soterrados con el Gobierno.   El uso del término “entreguistas” —un calificativo que evoca traición o rendición de intereses populares— apunta a una ruptura entre la dirigencia sindical y los aparatos provinciales que apoyan la reforma. Desde la central sindical perciben que el cambio laboral representa un avance regresivo que puede precarizar condiciones y abrir una grieta entre trabajadores y gobiernos provinciales que deberían defenderlos. La ofensiva de la CGT no se limita a la esfera legislativa. Con esta declaración, la central busca instalar una narrativa de conflicto político más amplio, donde los gremios no solo cuestionan al oficialismo por la reforma, sino también a quienes, desde otras jurisdicciones, parecen avalarla o facilitar su avance.   Esta postura de la CGT coincide con una mayor presión en la calle —incluyendo paros, movilizaciones y protestas— y con la intensificación de críticas públicas contra organismos y mandatarios que no se alinean con la defensa del modelo laboral previo. La central sostiene que lo que se debate no es solo una ley, sino el sentido mismo del contrato social entre el Estado, los trabajadores y el sistema productivo argentino.   Desde la conducción de la CGT advirtieron que esta fase de la pelea “no es solo un reclamo gremial aislado”, sino un mensaje político claro a las estructuras de poder provincial y nacional. En su visión, la reforma laboral pone en riesgo derechos adquiridos y fortalece posiciones que, lejos de favorecer a la mayoría trabajadora, consolidan intereses empresarios y financieras del oficialismo y sus aliados territoriales.   La central también cuestionó que, ante la gravedad del debate, algunos mandatarios provinciales hayan optado por la pasividad o por acuerdos con el Gobierno para evitar conflictos políticos, en lugar de defender de manera frontal lo que ellos consideran la dignidad y los derechos de los trabajadores.   La CGT lleva la confrontación por la reforma laboral a un plano más amplio y sostiene que no solo se trata de enfrentar al Gobierno nacional, sino también a dirigentes provinciales que no están del lado del movimiento obrero. Al calificar a sectores de la dirigencia política como “entreguistas”, los gremios buscan poner presión social y política para fortalecer su posición, y mostrar que el rechazo a la reforma va más allá del Congreso: afecta la relación entre el poder político y el mundo del trabajo. En medio de un escenario de alta conflictividad social y debate legislativo intenso, la CGT posiciona a los gobernadores críticos o conciliadores como parte del problema, insistiendo en que no se puede vender la dignidad del pueblo por una maniobra política o por acuerdos de coyuntura.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P