Sede de Trabajo en Defensa sufrió un robo y encendió alertas Según pudo saber Ámbito, una de las oficinas físicas pertenecientes a la Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Defensa fue forzada y sufrió el robo de bienes del propio Estado. El incidente fue denunciado por autoridades de la cartera, que afirmaron que la intrusión se produjo fuera del horario laboral.   La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal, que ordenó medidas de prueba, relevamiento de cámaras y diligencias para determinar el grado de participación de personas externas o internas del organismo. El hecho puso en alerta a distintos sectores de la administración pública, que consideran que un robo dentro de una dependencia oficial —especialmente una relacionada con la Seguridad interior y laboral— tiene implicancias institucionales y políticas de mayor alcance.   Fuentes judiciales y de Defensa confirmaron a Ámbito que la causa ya cuenta con un fiscal asignado y se están analizando diversos elementos probatorios: intervenciones de cámaras de seguridad, peritajes sobre cerraduras y huellas en los espacios afectados y declaraciones testimoniales de personal que presta servicios en la sede.   Aunque aún no hay detenidos, la Justicia busca determinar si se trató de un robo común o si existió acceso facilitado por dentro. En el primer escenario, se hablaría de delincuencia urbana común. En el segundo, el impacto sería más grave: abriría la puerta a sospechas de filtraciones dentro de la propia estructura estatal. El contexto: inseguridad dentro del propio Estado Este robo ocurre en un momento en que el Gobierno de Javier Milei ha impulsado discursos duros contra la inseguridad, prometiendo operativos y leyes que fortalezcan la mano del Estado frente al delito. Sin embargo, el hecho dentro de una dependencia gubernamental expone una contradicción inquietante: la propia estructura del Estado no está blindada contra el delito, aunque esa misma estructura sea responsable de diseñar políticas de prevención para la ciudadanía. El episodio también llegó a generar malestar en sectores internos de Defensa, que consideran que el Ministerio de Seguridad y sus organismos asociados —incluida la Secretaría de Trabajo— deberían contar con protocolos más estrictos de seguridad interna. La percepción, especialmente entre sindicatos estatales y trabajadores del sector, es que el control y la custodia en edificios públicos no está a la altura de las expectativas oficiales de mano firme contra la delincuencia. Fuentes internas cuestionan fallas estructurales Dentro del personal de la Secretaría de Trabajo —que interviene en conflictos laborales de sectores estatales y privados— varios empleados consultados por medios locales sostuvieron que el robo “no fue un hecho aislado” sino el síntoma de fallas estructurales en la seguridad de edificios oficiales. Para ellos, la intrusión no solo expone la falta de vigilancia física en horarios no laborales, sino también la desinversión en mecanismos de seguridad que deberían ser prioritarios, sobre todo en dependencias vinculadas a la negociación de conflictos laborales y la gestión de organismos públicos.   Si bien aún está en etapa inicial, la causa judicial por este robo alimenta la sensación de que la inseguridad no solo golpea a la sociedad civil, sino también al propio Estado. En un momento en que el Gobierno anuncia medidas duras contra el delito —y se jacta de una política de “mano firme” en la calle—, un robo dentro de una oficina estatal pone en entredicho la eficacia de esos mismos mecanismos cuando se trata de proteger bienes públicos. El robo en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Defensa no es un dato menor. Es un episodio que incomoda políticamente, abre interrogantes sobre la seguridad interna de edificios oficiales y obliga a las autoridades a dar explicaciones claras sobre cómo puede ocurrir un hecho de inseguridad dentro de una dependencia que debería estar entre las más custodiadas del Estado. Con la justicia federal ya en marcha, resta saber si este hecho quedará como un incidente más o si terminará desencadenando una investigación más profunda sobre la custodia de espacios públicos, la responsabilidad de sus custodios y la coherencia de las políticas de seguridad del Gobierno nacional.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P