El estallido de un artefacto casero en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional no fue solo un hecho policial. Fue, sobre todo, un síntoma. El paquete explosivo —dirigido al ex director Diego Gasparutti y olvidado durante meses hasta que finalmente detonó en su visita al edificio— abrió la puerta a una hipótesis inquietante: la posibilidad de que no se trate de un ataque ideológico externo sino de una jugada interna, un mensaje en clave dentro de la propia fuerza. La versión oficial intentó instalar rápidamente la idea de un posible acto terrorista vinculado a la conflictividad social por las últimas leyes aprobadas por el Congreso. Pero puertas adentro de Gendarmería circula otra lectura: sectores enfrentados dentro de la fuerza, alineados políticamente con distintas terminales del poder libertario, podrían estar utilizando el miedo como herramienta de disciplinamiento.   La interna no es nueva. Desde hace décadas, Gendarmería arrastra disputas entre facciones que combinan diferencias ideológicas, rivalidades por ascensos y denuncias recurrentes por negocios turbios en zonas de frontera. Nacionalistas versus liberales, ex carapintadas versus cuadros más cercanos a estructuras de inteligencia: la fractura se mantiene latente.   En ese escenario aparece la figura de Analía Zabala, referente visible de la Asociación de Suboficiales de Argentina (A.S.A.), con vínculos fluidos tanto con Patricia Bullrich como con Victoria Villarruel y Claudia Rucci. Zabala milita reclamos salariales y convoca a una movilización para el 15 de marzo, pero también navega con llamativa soltura entre dos espacios que hoy compiten ferozmente dentro del oficialismo. En los pasillos de la fuerza no pocos la señalan como posible “doble enlace” en una guerra silenciosa por el control político de las fuerzas federales. El contexto es explosivo. Sueldos deteriorados, una cadena alarmante de suicidios, renuncias masivas y pérdida de cobertura sanitaria alimentan un descontento profundo entre gendarmes, prefectos y policías federales. Ese malestar puede convertirse en combustible si algún sector decide avivarlo.   En paralelo, el liderazgo de Patricia Bullrich en Seguridad se sostiene sobre una estructura de lealtades fuertes. El comandante general Claudio Brilloni, con antecedentes de vínculos con la DEA y antiguos contactos en inteligencia, volvió a la fuerza de la mano de la ministra. La actual titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva —con pasado en Colombia, cercanía al general Oscar Naranjo y experiencia en el “Plan Colombia”— representa una línea dura que concibe el orden público como eje de gestión.   Pero la vicepresidenta Victoria Villarruel también busca influencia sobre las fuerzas, especialmente a través de su discurso reivindicativo hacia sectores castrenses y de seguridad. Esa tensión estratégica —Bullrich consolidando aparato, Villarruel construyendo base simbólica— se proyecta sobre cada episodio sensible.   La bomba en Gendarmería y el falso artefacto detectado el mismo día en un centro logístico de Mercado Libre —empresa emblema del empresariado alineado con Milei— alimentan la sospecha de operaciones de “falsa bandera”: hechos diseñados para generar clima de amenaza, justificar endurecimientos y, eventualmente, deslegitimar a rivales internos.   El gobierno, mientras tanto, exhibe una llamativa ineficacia investigativa. A más de diez días del hecho, no hay responsables identificados ni líneas firmes de esclarecimiento. Lo mismo ocurrió con los disturbios durante la sesión por la reforma laboral, donde los autores de ataques con bombas molotov fueron retratados pero no detenidos.  La selectividad en la eficacia siempre genera preguntas. En un oficialismo atravesado por disputas entre el círculo íntimo de Javier Milei, el esquema político de Karina Milei y la proyección autónoma de Villarruel, las fuerzas de seguridad aparecen como un territorio clave. No solo por su función operativa, sino por su valor simbólico y electoral. La bomba no solo explotó en un despacho del piso 11. Explotó sobre una interna que ya venía cargada. Y en un gobierno que hizo del orden su bandera, el mayor riesgo parece no estar afuera, sino en la disputa silenciosa por quién controla el aparato de seguridad del Estado.   Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P