La Asociación del Fútbol Argentino rompió el silencio frente a la decisión judicial de convocar a prestar declaración indagatoria a varias de sus autoridades y calificó la medida como una verdadera aberración jurídica. En un comunicado oficial, la entidad dejó en claro que no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que fueron utilizadas como fundamento de la denuncia presentada por ARCA. Es decir: no hay incumplimiento vencido, no hay mora, no hay perjuicio fiscal comprobado. Sin embargo, la maquinaria judicial avanzó igual. Desde la AFA explicaron que el pago voluntario de esas obligaciones se realizó antes de su vencimiento. Ese punto no es menor: constituye la base del planteo presentado ante el tribunal interviniente y actualmente pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones. En términos jurídicos, la propia discusión sobre la existencia del delito todavía está abierta y no resuelta. Pese a ello, el juez decidió avanzar con las indagatorias. La entidad fue todavía más contundente al remarcar que es la única organización que ha sido denunciada penalmente por ARCA en estas condiciones, pese a que existen otras entidades civiles sin fines de lucro que se encuentran en idéntica situación impositiva y no han recibido el mismo tratamiento acusatorio. El dato abre un interrogante inevitable: ¿por qué sólo la AFA? ¿Por qué un tratamiento diferencial frente a situaciones similares? La selectividad siempre genera sospecha, y más aún cuando la institución viene siendo blanco de ataques mediáticos y presiones políticas desde hace meses. En ese marco, la AFA sostuvo que el llamado a indagatoria resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna, ya que aún están pendientes resoluciones que podrían demostrar la inexistencia del delito denunciado. En otras palabras: se avanza procesalmente antes de que se determine si existe siquiera base penal. El conflicto con ARCA, lejos de tratarse de una simple cuestión administrativa, empieza a mostrar ribetes institucionales. Porque cuando una entidad sin fines de lucro que ha presentado sus balances, regularizado pagos y realizado cancelaciones anticipadas termina sentada en el banquillo por una interpretación discutida, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político. La AFA sostiene que cumplió. Que pagó. Que no existe deuda exigible. Que no hay delito. Y que la decisión judicial desconoce principios básicos del derecho tributario y del debido proceso. Si las obligaciones fueron abonadas antes del vencimiento y el planteo se encuentra bajo revisión de la Cámara, el avance penal no sólo aparece apresurado: parece diseñado para instalar un escenario de sospecha pública antes que para resolver una controversia jurídica. En el fondo, la discusión ya no es sólo fiscal. Es institucional. Y la pregunta que queda flotando es si estamos ante un proceso genuinamente técnico o ante una nueva embestida contra una conducción que ha sido sistemáticamente cuestionada desde ciertos sectores del poder. La AFA, esta vez, decidió no callar. Y denunció lo que considera un atropello jurídico que deberá encontrar respuesta en los tribunales… y también en la opinión pública. Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P