La seguridad diferenciada que alarma a defensores de las libertades La intención de endurecer los controles durante marchas y protestas no es una cuestión menor: la ministra Alejandra Monteoliva propuso ampliar facultades policiales para revisar mochilas, bolsos, banderas y otros elementos personales antes y durante manifestaciones, con el argumento de prevenir incidentes o utilizar estos dispositivos para detectar “objetos peligrosos”. Si bien el Gobierno sostiene que la medida se orienta a la protección de la ciudadanía y del orden público, la propuesta despertó rápidamente críticas desde organizaciones de derechos humanos, dirigentes sociales y constitucionalistas, que la caracterizan como un paso hacia una “seguridad preventiva” excesiva, que puede vulnerar derechos fundamentales como la libre expresión, la privacidad y la protesta pacífica.   ¿Control o intimidación? Críticos de la iniciativa señalan que abrir la puerta a revisar banderas, carteles y pertenencias personales en marchas no solo impacta en la seguridad física de la movilización, sino en la intimidad y el ejercicio de un derecho constitucional básico: el de manifestarse sin sentirse vigilado o censurado. La revisión de mochilas y objetos personales, según distintas asociaciones de derechos civiles, puede convertirse en una herramienta de intimidación que disuada la participación ciudadana, sobre todo en protestas críticas al Gobierno. Además, este tipo de medidas suelen derivar en interpretaciones amplias por parte de las fuerzas de seguridad, lo que abre la puerta a abusos operativos. Si la revisión de objetos pasa a ser una práctica normalizada, queda la duda de qué criterios se emplearán para decidir a quiénes se aplica y cómo se resguardan derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión.   Una nueva etapa de tensión en el escenario de protestas La propuesta de Monteoliva llega en un momento donde el país se encuentra con altos niveles de conflictividad social: desde movilizaciones sindicales contra la reforma laboral hasta marchas de distintos sectores sociales por derechos económicos, ambientales y culturales. Las libertades públicas y el derecho a la protesta pacífica ya han sido puntos de fricción en el debate político, y ahora esta iniciativa amenaza con agregar otro capítulo de tensión, alimentando la percepción de que el Gobierno busca restringir más que acompañar la expresión de disenso ciudadano. Para distintos sectores de la sociedad civil, limitar la protesta con controles muy amplios en las marchas es una forma de gestión que mezcla seguridad con represión preventiva. Señalan que en lugar de focalizar en acciones concretas de violencia, este tipo de medidas tiende a generalizar sospechas sobre quienes ejercen su derecho a manifestarse, colocando a los ciudadanos en un rol de potencial sospechoso antes de cualquier hecho delictivo.   La iniciativa de Monteoliva reaviva un debate más amplio: ¿hasta dónde puede un Estado intervenir en el ejercicio de derechos constitucionales en nombre de la seguridad? La vigilancia y control preventivo en marchas puede ser legítimo en casos puntuales de riesgo comprobado, pero la extensión de estas facultades —especialmente cuando se aplican de forma amplia sobre objetos personales— pone en jaque la protección efectiva de las libertades públicas. Organizaciones de defensa de derechos humanos y abogados constitucionalistas advierten que existe el riesgo de que esta medida se transforme en un mecanismo de coacción indirecta, donde la protesta pacífica se hace más difícil y el temor a verse registrado se convierte en un elemento disuasivo para la ciudadanía.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_Pt