Laboratorios, presiones y la salida de Casanello La decisión de Casanello de apartarse del caso que involucra a ANDIS —órgano vinculado a la gestión de prestaciones para personas con discapacidad— levantó sospechas incluso dentro de sectores judiciales que suelen ser herméticos. Hasta ahora no hay una causa formal que lo confirme, pero fuentes judiciales y políticas consultadas por este medio aseguran que la salida del magistrado tuvo más que ver con presiones contrarias a su continuidad que con motivos éticos o de agenda propia. En ese contexto, la investigación judicial también sufrió un giro clave que podría frenar el avance del caso. El juez federal Sebastián Casanello, que tenía el camino despejado para profundizar la pesquisa contra la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker tras el procesamiento del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, recibió un revés desde la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico ordenaron revisar el origen de la causa a pedido de la defensa del ex funcionario libertario y le exigieron al magistrado que fundamente su rechazo al planteo de nulidad. El eje del cuestionamiento apunta a la legalidad de los audios que dieron inicio a la investigación, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, lo que abre la puerta a la posible anulación de todo el proceso y suma un nuevo capítulo de incertidumbre en un expediente sensible para el Gobierno.   Lo que llamó la atención de investigadores y operadores de tribunales es que la causa ANDIS parece haber concentrado la atención no sólo de denuncias sobre corrupción y manejo irregular de fondos, sino también de sectores económicos interesados en que ciertos entramados vinculados a laboratorios queden fuera del foco de investigación judicial. En particular, la posición de empresas farmacéuticas que operan con contratos estatales jugó un rol central en las conversaciones internas del fuero.   Aunque no existe aún una prueba pública de presión directa, el dato político es fuerte: la causa ANDIS exhibe vínculos complejos entre funcionarios, operadores privados y proveedores de salud, muchos con contratos millonarios relacionados con prestaciones para personas con discapacidad. La hipótesis que circula —y que varias fuentes judiciales no descartan— es que esa combinación de poder económico y exposición mediática generó un entorno “hostil” para Casanello, desencadenando su alejamiento.   El escándalo judicial que rodea a ANDIS ya había mostrado señales de entramados económicos de alto impacto, con acusaciones de irregularidades en el manejo de fondos públicos y contratos con proveedores. Pero ahora, la renuncia de un juez con experiencia en causas complejas pone sobre la mesa una cuestión aún más delicada: ¿hasta qué punto los intereses de grandes laboratorios pueden influir en decisiones judiciales de alto impacto?   Este tipo de señalamientos no son nuevos en Argentina: históricamente, las grandes empresas farmacéuticas han tenido un rol influyente en políticas de salud y administración de prestaciones estatales. Sin embargo, que esa influencia pueda trascender el plano económico para condicionar la presencia de un magistrado en una causa judicial es algo que, de confirmarse, subvertiría los principios básicos de independencia judicial y separación de poderes.   Desde el oficialismo se intentó bajar el tono político del tema, presentando la renuncia de Casanello como un acto administrativo que no altera el curso de la investigación ni la conducción de la causa. Pero esa lectura no cerró las especulaciones. Investigadores y dirigentes de la oposición sostienen que, en un país donde los intereses de grupos económicos y decisiones del Estado han estado históricamente entrelazados, la salida del juez se presta a conclusiones mucho más complejas que una simple cuestión de agenda personal.   Además, el contexto no es menor: la causa ANDIS se desarrolla en un año marcado por tensiones políticas profundas, con un Gobierno que enfrenta críticas por la reforma laboral, recortes presupuestarios, el caso Spagnuolo y numerosas señales de desgaste institucional. En ese escenario, la hipótesis de que sectores con intereses en contratos estatales —como grandes laboratorios— puedan generar presiones externas se vuelve más creíble para muchos observadores, aún sin que exista una confirmación judicial oficial.   La salida de Casanello, entonces, no se limita a ser una anécdota judicial: es un síntoma de fractura institucional en un Gobierno que prometió “orden y transparencia”, y que hoy ve cómo incluso causas sensibles quedan envueltas en versiones de interferencias y zonas grises entre lo público y lo privado.