PAMI suspende pagos a hospitales de la Patagonia y denuncian que Caputo “pisa” los fondos; La salud pública en la Patagonia enfrenta un nuevo capítulo de tensión institucional: el PAMI suspendió pagos a varias redes de hospitales en el sur argentino justo cuando la presión asistencial está al límite, según denunciaron autoridades médicas y profesionales del sector. El argumento oficial señala problemas administrativos y de documentación, pero en los pasillos de la política y de los cuadros técnicos es otro nombre el que más se repite: Toto Caputo, el ministro de Economía, **“pisando” fondos destinados a la atención de jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.   El recorte de fondos no es un hecho menor en un territorio donde la distancia geográfica, el clima extremo y la disparidad económica ya complican la prestación de servicios básicos. Hospitales y clínicas que dependen del PAMI para garantizar tratamientos, medicación y atención primaria ahora ven sus cuentas bloqueadas o demoradas, dejándolos al borde del colapso y obligando a profesionales a sostener la operación sanitaria con recursos propios o con postergación de pagos a proveedores.   Médicos y directores de los hospitales afectados denunciaron que esta suspensión no responde a errores técnicos sino a decisiones políticas de alto nivel, que terminan por castigar a las instituciones de salud en lugar de fortalecerlas. Para ellos, la intervención directa de Caputo —quien tiene injerencia sobre la tesorería y los flujos del Estado— es un factor clave en el clima de incertidumbre y de asfixia financiera que hoy afecta a los centros patagónicos.   Desde la oposición, el caso alimenta un argumento más amplio sobre la gestión económica del Gobierno: ajustes brutales, prioridades distorsionadas y un manejo de recursos públicos que termina profundizando desigualdades regionales. Aunque el Gobierno intentó presentar la medida como un problema administrativo interno de PAMI, los críticos insisten en que se trata de un ataque indirecto a las políticas de bienestar social, en un momento en que jubilados y sectores vulnerables dependen más que nunca de un sistema sanitario que cada vez recibe menos recursos.   La disputa revela, además, otro elemento preocupante: la falta de criterios sanitarios claros que orienten las decisiones de financiamiento, transformando lo que debería ser una política pública en una arena de negociaciones internas, donde la presencia del ministro de Economía se percibe como una sombra constante sobre cada partida presupuestaria. Este fenómeno no es aislado, sino parte de una lógica más amplia de centralización de decisiones económicas sin contrapesos institucionales ni debates parlamentarios profundos.   Organizaciones sociales, gremios y asociaciones de profesionales de la salud han expresado su rechazo y preocupación, advirtiendo que esta clase de medidas no solo pone en riesgo la operatividad de hospitales sino la vida de miles de afiliados al PAMI que necesitan atención continua. En múltiples cartas, comunicados y reclamos públicos se ha exigido la restitución de los pagos y la transparencia en la gestión de los fondos, reclamando responsabilidad política al Ejecutivo.   Este choque entre la administración de recursos del Estado y las necesidades de la salud pública llega en un momento en que la gestión del Gobierno es juzgada con mayor severidad por la ciudadanía, no solo por el deterioro económico general, sino por lo que muchos consideran una priorización errática de gastos, donde incluso partidas destinadas a la atención sanitaria se ven reducidas o postergadas por presiones sectoriales o decisiones económicas centralizadas.