La entidad que agrupa a los principales medios de comunicación del país, ADEPA, cuestionó públicamente la puesta en marcha de una cuenta oficial en X destinada a desmentir publicaciones que el Gobierno considera “fake news”. Para ADEPA, la iniciativa no solo es cuestionable desde el punto de vista comunicacional, sino que también representa un intento estatal de marcar cuáles informaciones “deben” ser corregidas, generando preocupación sobre el rol que el Estado pretende jugar en la definición de la verdad pública.   En un comunicado, la asociación señaló que este tipo de acciones pueden poner en riesgo la independencia editorial de los medios y contribuir a un clima de tensión entre el poder político y la prensa. Para ADEPA, que representa a diarios y medios de todo el país, el uso de un canal estatal para descalificar o corregir informaciones de terceros no debería ser una función de un gobierno democrático, sino un ejercicio libre de análisis, verificación y contraste que corresponde a los propios medios y a organismos independientes. La crítica de ADEPA se da en el mismo contexto en que la Casa Rosada oficializó la creación de esta cuenta en la red social X (antes Twitter) como parte de su plan para combatir lo que considera desinformación. El Gobierno sostiene que busca defender a la ciudadanía de contenidos engañosos o manipulados, señalando la proliferación de informaciones erróneas que afectan su gestión.   Sin embargo, los editores agrupados en ADEPA advirtieron que cuando la propia administración estatal define qué es verdad y qué no —a través de una cuenta oficial— se corre el riesgo de que el Estado se convierta en árbitro parcial de la información. Esto representa una frontera delicada: quien controla el discurso oficial puede terminar marcando qué voces son legítimas y cuáles son sospechosas, debilitando así el pluralismo informativo.   La crítica también remite a experiencias en otros países donde instrumentos similares han derivado en tensiones con la prensa independiente o incluso en mecanismos de censura indirecta. (Por sino lo leiste:¨ Milei impulsa oficina contra “fake news”: se parece al modelo de Maduro¨). Al respecto, ADEPA pidió que las definiciones sobre desinformación y verificación no sean monopolizadas por el Estado, sino que se sostengan sobre criterios transparentes, independientes y con participación del ecosistema periodístico y académico.   La reacción de ADEPA se suma a otras voces que han puesto en duda las herramientas y discursos que vinculan la lucha contra las fake news con la necesidad de defender la democracia, especialmente cuando tales instrumentos son manejados desde el Ejecutivo sin contrapesos claros.   En definitiva, el debate pone en el centro un tema clave para la Argentina: cómo se define la verdad en un contexto de polarización política y comunicacional, y si el Estado puede —o debe— participar directamente en la evaluación pública de lo que se considera falso o verdadero, sin descuidar la libertad de expresión y el rol autónomo de los medios.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P