En un giro explosivo que profundiza aún más la controversia, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) presentó ante la Fiscalía Federal de La Plata un pedido formal para que se investigue al empresario Leandro Camani por presuntos vínculos con el narcotráfico rosarino.    El escrito da cuenta de una serie de circunstancias “objetivas, públicas y documentadas” que, a juicio de la entidad, resultan relevantes para comprender el contexto detrás de las denuncias en las que Camani aparece como actor central. Entre ellas, refiere a un episodio en el que una camioneta registrada a nombre de Camani fue interceptada con un detenido vinculado a la banda rosarina “Los Menores”, un hecho que, aunque no implica responsabilidad penal directa, amerita —según el escrito— una investigación profunda para despejar dudas sobre las redes en las que opera el empresario.      El documento también subraya que Camani lleva años vinculado al negocio de los fotomultas y cinemómetros en la Provincia de Buenos Aires, un rubro con enormes intereses económicos y múltiples cuestionamientos técnicos y judiciales. En varios municipios y organismos de control ya se generaron debates, rescisión de contratos y pedidos de informes por el modo en que se otorgaron concesiones y avales mediante intermediación universitaria y otros mecanismos poco transparentes.    Pero el punto más crítico del pedido radica en la descripción de un patrón de comportamiento reiterado: impulsar denuncias penales y mediáticas contra terceros, muchas de las cuales luego resultan desacreditadas o severamente cuestionadas, y utilizar esas denuncias como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos o políticos que no podrían alcanzarse por vías lícitas.    La presentación judicial menciona expresamente los testimonios del periodista Claudio Ponce de León en la causa relacionada con Matías Yofe, y la denuncia formulada por Claudio Chiqui Tapia, describiendo un esquema prácticamente idéntico al que se intenta investigar ahora. También cita publicaciones locales que han señalado estas conexiones y recusaciones repetidas.  Además, el pedido de investigación remarca que diversas investigaciones periodísticas han vinculado públicamente a Camani con personas investigadas por delitos de narcotráfico, lo cual —aunque no implica una acusación penal directa— no puede ser soslayado al momento de analizar el contexto general y la motivación detrás de las acciones legales promovidas por el empresario y sus aliados.    El núcleo de la presentación es claro: evitar que el proceso penal sea utilizado como un instrumento de presión, amedrentamiento o extorsión, como se ha observado en otros procesos de público conocimiento relacionados con figuras políticas y económicas.    Este nuevo foco de investigación no solo pone en tela de juicio la credibilidad de Camani como actor del negocio de fotomultas, sino que también refuerza la tesis central de la denuncia de Tapia y de la AFA: que existe una operación judicial y mediática articulada para condicionar decisiones institucionales y personales mediante el uso indebido del sistema penal. (Por sino lo leiste:¨La AFA contraataca: Tapia ratificó la extorsión y marcó responsables)  En un clima político ya muy tensionado, este pedido de investigación suma una dimensión adicional al debate sobre el rol de los intermediarios, los intereses económicos detrás de ciertas causas y la manera en que determinados sectores buscan influir sobre dirigentes que no se pliegan a sus designios       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P