El Gobierno nacional confirmó que no autorizó un acuerdo bilateral con Estados Unidos por el cual ese país podría comenzar a deportar a ciudadanos argentinos —y residentes con vínculos migratorios— directamente desde territorio norteamericano. La posibilidad había sido planteada en negociaciones entre equipos técnicos y diplomáticos, pero la Casa Rosada optó por descartar el pacto antes de que pudiera cristalizarse.   Según fuentes oficiales, la decisión se tomó luego de que la propuesta —impulsada desde sectores del gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump— fuera llevada a consideración de la Cancillería y de la Secretaría de Seguridad. Los asesores del presidente argumentaron que el texto negociado no “resguardaba adecuadamente los derechos de los ciudadanos y residentes afectados” y que podía implicar la aceptación automática de deportaciones sin filtros judiciales o consulares suficientes.   La pretensión estadounidense de coordinar deportaciones había encontrado eco en sectores de la política migratoria internacional como una forma de “compartir responsabilidades” en el control de personas que ingresan de forma irregular o que cuentan con antecedentes de inmigración complejos. Sin embargo, en Buenos Aires la propuesta generó críticas cruzadas, incluso por parte de asesores del propio Gobierno, que cuestionaron las implicancias sobre garantías procesales y la soberanía nacional para decidir sobre la salida de sus ciudadanos.   La negativa de Milei a avanzar con el acuerdo se da en un contexto internacional donde los flujos migratorios y las políticas de retorno son temas sensibles en muchas capitales. Para la Casa Rosada, aceptar un esquema de deportaciones automáticas significaba abrir un precedente institucional y legal que —en su lectura— podía poner en riesgo los mecanismos de protección consular y los principios del derecho internacional de refugiados y asilo.   El dato político más relevante es que la decisión no altera el alineamiento general de la Argentina con Washington, que el gobierno ha fortaleciendo en otros frentes, como la cooperación militar y comercial. Pero sí revela una línea de independencia en temas migratorios específicos, donde el Ejecutivo decidió priorizar la defensa de ciertos principios legales antes que un gesto diplomático de favor con la Casa Blanca.   Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión del Gobierno como un gesto de defensa de la soberanía y las garantías de las personas, pero otros sectores criticaron que se haya rechazado sin mayores explicaciones públicas las negociaciones que llevaban varios meses de avance técnico. En redes sociales, referentes de organismos de derechos civiles también exigieron que cualquier propuesta sobre deportaciones fuera tratada con transparencia y con participación activa del Congreso.   Desde el Ejecutivo, en tanto, aseguraron que las relaciones con Estados Unidos continuarán normalmente en otras áreas, pero que este tema en particular no fue susceptible de firma sin un respaldo legal contundente y sin la certeza de que los derechos de ciudadanos afectados estuvieran garantizados.   La decisión de Milei marca, entonces, un matiz en la política exterior del Gobierno: aunque la Casa Rosada se inclina por una estrecha cooperación con la administración estadounidense, en cuestiones sensibles a la soberanía y a derechos individuales, el presidente recibió la recomendación de no avanzar y así lo decidió.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P