La disputa política por la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN) se reactivó con fuerza este domingo cuando el PRO emitió un comunicado denunciando irregularidades y anunciando acciones judiciales para frenar la validación de los nombramientos, profundizando la tensión interna con La Libertad Avanza (LLA) —el principal aliado del Gobierno en el Congreso— y otros bloques.    El malestar del PRO se originó en la votación llevada a cabo en la Cámara de Diputados durante la sesión que trató el Presupuesto 2026, cuando se aprobó la designación de tres auditores para la AGN: Rita Mónica Almada (propuesta por LLA), Juan Ignacio Forlón (por el peronismo) y Pamela Calletti (vinculada al gobernador de Salta). Según el PRO, esos nombramientos se aprobaron a primera hora de la madrugada en un procedimiento que no estaba habilitado en el temario de sesiones extraordinarias, lo que, a su juicio, viola el artículo 63 de la Constitución Nacional.    En su comunicado, el PRO sostuvo que la votación “ya estaba definida de antemano” y que su bancada no participó del resultado porque considera que el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional”: acusó a sectores del oficialismo y al bloque kirchnerista de cerrar un acuerdo sin transparencia y sin respetar las formalidades parlamentarias necesarias.    Lejos de quedarse en el terreno discursivo, el PRO presentó una acción judicial para que se declare la nulidad de la votación. El presidente del bloque, Cristian Ritondo, con patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para impugnar el acto parlamentario por la forma en que se incorporó el tratamiento de estos cargos y por lo que describen como falta de dictamen previo, ausencia de informe de comisión y falta de acuerdo en la Labor Parlamentaria.    Esa decisión de ir a la Justicia no solo ratifica la posición del PRO de no “legitimar” con su presencia una votación que consideran irregular, sino que también marca un capítulo de alta tensión con La Libertad Avanza, cuya bancada y dirigentes fueron claves para impulsar las designaciones pese a las objeciones de los macristas.  La disputa surge en un contexto en el que el oficialismo había logrado avanzar legislativamente con el Presupuesto 2026 y otras normas clave, pero las diferencias tácticas y de prioridades entre aliados dejaron al descubierto grietas difíciles de disimular. Para el PRO, el caso de la AGN —un organismo de control del Estado— representa no solo un reclamo formal, sino un punto de inflexión sobre la **forma en que se ejecuta la agenda parlamentaria oficialista y la relación entre fuerzas que hoy comparten espacio gubernamental.    Desde el entorno del Legislativo vinculado a LLA y al oficialismo se defendió la legitimidad del procedimiento y se minimizó la tensión, sosteniendo que la designación de auditores fue aprobada con una amplia mayoría de casi 200 votos, un número que —según esa lectura— respalda la constitucionalidad de la decisión.    En definitiva, la judicialización de las designaciones en la AGN por parte del PRO no solo expone tensiones internas en la coalición oficialista, sino que abre un nuevo frente de disputa política y legal que podría extenderse más allá del cierre del año legislativo y repercutir en las negociaciones políticas de 2026.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P