La AFA es una entidad privada, integrada por asociaciones civiles sin fines de lucro, que desarrolla una actividad de derecho privado. No forma parte del Estado, no integra la administración pública nacional, provincial ni municipal, y no administra fondos públicos. Su funcionamiento, su estructura y sus decisiones se rigen por normas del derecho privado, como ocurre con cualquier otra organización de esa naturaleza.   Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino no son funcionarios públicos. No ejercen cargos estatales, no administran presupuestos oficiales ni toman decisiones en nombre del Estado. Son particulares que conducen una institución privada, elegidos por sus afiliados conforme a estatutos internos, del mismo modo que ocurre en cualquier asociación civil, federación o entidad deportiva del país.   La confusión no es casual. Presentar a la AFA como si fuera un organismo estatal permite forzar un encuadre penal y político que no corresponde, instalar sospechas infundadas y justificar una presión mediática y judicial que, de otro modo, no tendría sustento. Es una maniobra discursiva: convertir a una entidad privada en “cuasi pública” para aplicarles reglas, exigencias y sospechas que legalmente no le caben.   Este punto es central porque desarma de raíz el relato de la persecución. Cuando se habla de “fondos públicos”, “funcionarios”, “corrupción estatal” o “uso indebido de recursos”, se está partiendo de una premisa falsa. La AFA no maneja dinero del Estado. Maneja recursos propios provenientes de su actividad privada: derechos de televisación, sponsors, competencias y contratos comerciales. Exactamente igual que cualquier empresa o asociación privada.   Por eso, los allanamientos, las tapas escandalosas y los editoriales inflamados chocan contra una realidad jurídica concreta. No se puede construir una causa pública donde no hay función pública. No se puede imputar responsabilidades estatales donde no hay Estado. Y no se puede exigir rendiciones propias del sector público a quienes no lo integran.   La insistencia en desconocer esta realidad legal no es un error técnico: es una decisión política. Sirve para erosionar la legitimidad de la AFA, para presentarla como un “poder oscuro” y para avanzar en una estrategia de disciplinamiento que busca forzar cambios estructurales en el modelo del fútbol argentino, incluida la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas.   La discusión, entonces, no es jurídica: ya está saldada por la ley. La discusión es política. Y la falsedad instalada en los medios no busca informar, busca confundir. Porque cuando se cae el mito de la “AFA pública”, se cae también gran parte del relato que pretende justificar el ataque permanente contra la institución.   La AFA es privada. Tapia y Toviggino son particulares. Y eso no es una opinión: es un hecho jurídico.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P