Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, el gobierno nacional remató un total de 83 vehículos —entre autos oficiales, utilitarios estatales y automóviles decomisados por causas judiciales— recaudando cerca de USD 490.000, según un relevamiento de la AABE.    Los bienes vendidos pertenecían a diversos organismos: 35 de los vehículos correspondían al Ministerio de Justicia, 16 a la AABE, 11 a la ex-ADIFSE (ahora sociedad anónima unipersonal), y algunos eran resultado de decomisos judiciales en causas vinculadas a delitos graves como trata de personas.    La venta más cara fue la de un utilitario Iveco Daily 2014, adjudicado por USD 22.299, aunque también se remataron camionetas, combis, pickups y vehículos de menor porte. En varios casos, los compradores fueron empresas proveedoras del Estado o personas vinculadas a contratos de servicios.    El gobierno expresa que la operación responde a su política de “achicar el Estado”: promueven que bienes en desuso o que implican mantenimiento costoso sean subastados, para evitar gastos innecesarios y generar ingresos extraordinarios. Esta estrategia se complementa con la venta de inmuebles estatales que ya mencionamos, buscando financiar otras áreas del presupuesto estatal.    Sin embargo, la operación genera críticas desde distintos sectores: Se cuestiona la transparencia de las adjudicaciones: ya que algunos compradores resultan proveeduría del Estado o tienen contratos vigentes, lo que podría configurar conflictos de interés. También se advierte sobre el desguace del patrimonio público: vender vehículos significa reducir la capacidad operativa del Estado, perjudicando servicios que requieren movilidad (inspectores, traslado de detenidos, logística sanitaria, etc.). Y se pone en duda si los ingresos generados —aunque significativos— compensan la pérdida de activos, mantenimiento y cobertura de necesidades reales del Estado. Para muchos analistas, el remate masivo de vehículos es la punta del iceberg de una estrategia de desinversión estatal: vender activos en lugar de optimizar su uso, priorizando el ingreso inmediato sobre la sustentabilidad del servicio público. En un contexto de ajuste, inflación y crisis social, la política puede volverse un símbolo más de recortes estructurales.   El dato de los 83 autos rematados no es menor: marca una gestión orientada a reducir a la mínima expresión el aparato estatal, con decisiones que combinan pragmatismo presupuestario, aceleración de venta de patrimonio público y redefinición de prioridades estatales. Pero también plantea interrogantes sobre responsabilidad, planificación, justicia social y función del Estado en un país convulsionado.       Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P