Una auditoría realizada por el PAMI bajo la gestión de Esteban Leguizamo reveló un esquema sistemático de fraudes que involucra órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados.  Las irregularidades habrían sido perpetradas desde hace un año o más, y alcanzan tanto al personal interno como a prestadores externos. Entre las principales maniobras descubiertas figuran: - Emisión de OME a nombre de afiliados que nunca recibieron la atención correspondiente.  - Recetas electrónicas falsificadas o registradas a pacientes que no las solicitaron.  - Manipulación de credenciales de médicos o personal interno que emitían órdenes desde múltiples unidades de gestión sin control efectivo.    La institución denunció ante la justicia federal que los montos en juego son “de miles de millones de pesos”, aunque la cifra exacta aún no fue confirmada públicamente.  Frente a este escenario, el PAMI anunció una batería de medidas para cortar el flujo irregular: refuerzo de controles, sumarios internos, sanciones administrativas, monitoreo permanente de los umbrales prestacionales y obligatoriedad del uso del turno digital.  Las irregularidades detectadas no solo representan un daño económico a la obra social de jubilados más grande del país, sino que impactan directamente en la calidad de atención que reciben los afiliados. La emisión de órdenes sin prestación efectiva implica que recursos destinados a medicamentos y servicios se desviaron de su fin. Además, en el marco del ajuste del organismo, ya se habían identificado fallas graves: en junio de este año una auditoría de la SIGEN había detectado pagos sin respaldo por más de 16.000 millones de pesos en 2023.  Desde la conducción del PAMI advirtieron que la lucha contra estos fraudes es parte del compromiso por “blindar las prestaciones de los jubilados y que cada peso se destine al beneficio del afiliado y no a estructuras de privilegios o irregularidades”.  El escándalo abre un nuevo frente de controversia para el Gobierno, en un organismo que ya está bajo presión por la necesidad de equilibrar sus finanzas, asegurar la continuidad de sus prestaciones y recuperar la confianza de sus afiliados. La clave, ahora, será avanzar con las investigaciones judiciales, transparentar el impacto de los montos defraudados y asegurar que los controles que se implementen impidan que este tipo de prácticas vuelvan a proliferar.     Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P