Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y primer candidato a senador por La Libertad Avanza en la Quinta Sección, rompió la neutralidad oficialista y disparó contra el gobierno de Axel Kicillof por la obligación municipal de subsidiar los boletos de colectivo durante las elecciones del domingo. La medida fue impulsada por la Resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte bonaerense, que estableció transporte gratuito en toda la Provincia, modalidad remplazada por frecuencia reforzada y sin costos en el conurbano.    Pero Mar del Plata quedó afuera de esa cobertura total: el municipio debería absorber el gasto, estimado en unos 300 millones de pesos, un punto que provocó controversia. “Hoy una jueza penal de menores… decidió que en el transporte público lo paguen los vecinos. Cuando algo es gratis, alguien termina pagando”, retrucó Montenegro en redes.    A raíz de su rechazo al fallo, el intendente notificó que comunicará el mandato judicial al Ministerio provincial, insistiendo en que esta vez “nunca en la historia un municipio asumió un gasto de esta envergadura” y defendiendo su tarea de “cuidar la plata de los vecinos”.    La polémica fue instantánea: localidades opuestas lo tildaron de “ponerle obstáculos al voto” y lo acusaron de desincentivar la participación. Desde la oposición local, como el diputado Gustavo Pulti, exigieron garantizar la gratuidad: “¿El transporte debería ser gratuito para ir a votar o dificultarle las cosas a la gente para que no vote? Los que temen escuchar su voz son los que están en contra de esta medida”, se quejó.    El trasfondo es claro: en plena campaña electoral provincial, la fiscalidad local y la responsabilidad del Estado sobre el acceso al sufragio se transformaron en una batalla ideológica. Montenegro promete cuidar los fondos municipales, pero corre el riesgo de quedar como un bloque entre sus propios votantes y la exigencia democrática.   El choque entre el intendente libertario y el gobierno bonaerense es el símbolo de una tensión mayor: el desdoblamiento electoral pone a prueba qué niveles del Estado son responsables de garantizar la participación ciudadana. En Mar del Plata, la respuesta de Montenegro no solo tensiona la figura del gobernador, sino que políticamente se exhibe como una jugada para redireccionar costos y consolidar una narrativa de protección local frente al centralismo oficial.         Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P