El gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva tormenta política, esta vez por su embestida contra el periodismo crítico. Tras las denuncias del Presidente contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico por “injurias” vinculadas a comentarios sobre su vida privada en un streaming, ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue un paso más allá: pidió públicamente que se allanen las casas de Rial y Federico, en el marco de la investigación por los audios filtrados que sacudieron a la Casa Rosada.                   El pedido de Bullrich encendió todas las alarmas en el mundo mediático y político. No se trata ya de una disputa retórica entre periodistas y el Presidente, sino de un avance explícito sobre la intimidad de comunicadores en actividad. En palabras de especialistas, constituye una amenaza directa a la libertad de prensa y un intento de disciplinar a voces críticas que expusieron, a través de audios y programas, denuncias de corrupción que golpean de lleno al corazón del poder libertario.            Carnaval Stream, el medio que difundió varios de los audios comprometedores del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salió al cruce del Gobierno. En un comunicado en redes sociales, denunció: “El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas. Mauro Federico reafirmó la decisión de las autoridades y el equipo de Carnaval Stream de seguir haciendo periodismo. No te pierdas el Carnaval y sumate al lugar en donde te contamos todo”.   El propio Mauro Federico ratificó que no se van a dejar amedrentar por la presión oficial y que el equipo continuará con su tarea informativa. “Nos quieren correr con amenazas, pero no nos van a callar”, aseguró. La respuesta busca mostrar que, lejos de retroceder, la redacción reforzará la línea editorial en medio de una crisis institucional sin precedentes.   Lo que comenzó como un intento de Milei por frenar con querellas los comentarios sobre su vida privada se convirtió en una avanzada política y judicial mucho más grave. Bullrich, en su doble rol de ministra y figura política con peso propio, empuja una línea dura que amenaza con trasladar a la Justicia penal la disputa con el periodismo. Una línea que, de concretarse, marcaría un precedente peligroso: convertir a la crítica y a la investigación periodística en posibles delitos.   El gobierno que llegó prometiendo “terminar con la casta” y “abrir la verdad” hoy parece obsesionado con blindar a su círculo íntimo y atacar a quienes lo incomodan. El intento de censura a Rial, Federico y al equipo de Carnaval Stream desnuda una contradicción profunda: Milei habla de libertad, pero persigue periodistas. Y la ministra Bullrich, lejos de proteger garantías democráticas, las pone en riesgo. La libertad de expresión no se negocia. La sociedad argentina, acostumbrada a resistir intentos de amordazamiento, sabe bien que cada embate contra el periodismo es un golpe a la democracia misma.           Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P