La Justicia Federal respondió en tiempo récord a la denuncia del Gobierno: dictó una medida cautelar que ordena “el cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Elizabeth Milei, secretaria general de la Presidencia. La prohibición alcanza a medios de comunicación, redes sociales y cualquier canal digital que los comparta, por más fragmentarios o anunciados que sean  .   En su resolución, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello sostuvo que la difusión de esos audios constituye una violación grave a la privacidad institucional y no responde a un ejercicio legítimo de libertad de expresión. La cautelar fue considerada provisoria, excepcional y de alcance limitado, diseñada específicamente para proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”  .                                           El vocero Manuel Adorni, al comunicar la medida en redes sociales, subrayó la gravedad de la violación a la intimidad institucional y afirmó que no se trataba de limitar la discusión pública sino salvaguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, como el honor de los funcionarios y la seguridad del Estado  .   Este fallo se produce en medio de una crisis política que tiene en el centro los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denuncia un plan de coimas que salpica tanto a Karina Milei como a su entorno. Los registros que incluían comentarios comprometedores fueron difundidos por el canal Carnaval Stream  . En este contexto, la Justicia busca frenar la propagación de más grabaciones que podrían impactar en la agenda electoral y en la gestión del Gobierno.   El fallo judicial marca un equilibrio delicado entre dos derechos fundamentales: la protección de la privacidad institucional y el ejercicio del periodismo de investigación. Si bien ampara la defensa del honor de una funcionaria, también plantea una pregunta urgente: ¿hasta qué punto puede el Estado ampararse en la intimidad para acallar voces incómodas? En un contexto de tensiones políticas y judiciales, esta decisión judicial adquiere ribetes simbólicos. No es solo un cierre de paso a filtraciones: es una línea trazada entre resguardar el Estado y contener al periodismo.             Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P