La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados dejó una foto potente: con 172 votos afirmativos, la oposición consiguió revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue una victoria política que incluyó a bloques de la UCR, el peronismo, la izquierda y partidos provinciales, en un raro acuerdo que cruzó fronteras ideológicas para enfrentar al Ejecutivo.   La norma establece la emergencia por dos años en el sistema de atención, prestaciones y acompañamiento para personas con discapacidad, lo que implica reforzar la cobertura en salud, transporte, educación y asistencia económica. El texto había sido sancionado previamente en ambas cámaras con un fuerte consenso, pero Javier Milei decidió vetarlo argumentando que “es inviable desde el punto de vista fiscal”.   En el recinto, la votación fue interpretada como una derrota política clara para el oficialismo, que no logró retener ni siquiera a todos sus aliados naturales. El rechazo al veto contó con el apoyo de sectores que, hasta hace semanas, acompañaban las principales iniciativas del Gobierno.   Pero lejos de resignarse, la Casa Rosada activó una estrategia alternativa: trasladar la disputa a la justicia. Según confirmaron fuentes del propio Ejecutivo, se evalúa presentar recursos legales para impedir la aplicación de la ley, bajo el argumento de que su implementación no tiene financiamiento genuino y podría afectar las cuentas fiscales.   El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó mostrar flexibilidad en su conferencia diaria al hablar de “nuevos mecanismos de asistencia” para el sector. Sin embargo, en la práctica, ese gesto se tradujo en una maniobra dilatoria: una forma de dar aire a la Casa Rosada mientras avanza con la judicialización.   Desde la oposición denunciaron la maniobra como un intento de desconocer la soberanía del Congreso. “El oficialismo quiere que los derechos votados por los representantes del pueblo se definan en un juzgado”, planteó un diputado radical. Legisladores peronistas fueron más allá y acusaron a Milei de “crueldad institucional”, al poner a las personas con discapacidad “en la cola del ajuste”.   El trasfondo de la discusión es más profundo: la política de Milei frente a los sectores vulnerables. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de achicar el gasto público, la ley de emergencia expone que hay prioridades sociales que difícilmente puedan esperar a los equilibrios fiscales. El dato no es menor: según estimaciones privadas, más de 6 millones de argentinos tienen algún tipo de discapacidad, y gran parte de ellos depende de programas de cobertura estatal.   La disputa por la Ley de Discapacidad abre un capítulo decisivo en la relación entre el Congreso y la Casa Rosada. El Parlamento demostró que existe un límite político a la motosierra de Milei, pero el Gobierno dejó en claro que no aceptará esa frontera y usará a la Justicia como último escudo. En ese cruce, los más afectados son miles de familias que esperan soluciones concretas y que, por ahora, quedan atrapadas en un juego de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.               Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBqLhV4tRroiQaqOB0M Y en nuestra: Red X (EX Twitter): https://x.com/El_Pulso_P