Patricia Bullrich volvió a encender la polémica con una decisión que generó malestar dentro y fuera del Gobierno: su ministerio dispuso quedarse con 160 viviendas del plan Procrear en Bariloche, que ya estaban adjudicadas a familias inscriptas, para destinarlas al uso exclusivo de efectivos de Gendarmería y Prefectura. La medida —oficializada esta semana— despertó quejas de los propios beneficiarios del plan federal de viviendas, que habían cumplido con todos los pasos del programa y esperaban recibir sus casas en los próximos meses. Muchos de ellos recibieron la noticia con indignación y preocupación al enterarse de que sus viviendas ahora serían entregadas a las fuerzas de seguridad federales. El argumento de Bullrich es que la zona de Bariloche y alrededores requiere una mayor presencia de gendarmes y prefectos por el conflicto con grupos radicalizados mapuches, y que por eso el Estado nacional necesita disponer de inmuebles para alojar a las fuerzas asignadas a la custodia de la región. Sin embargo, la decisión generó tensiones internas en el gobierno de Javier Milei. Fuentes de la Casa Rosada admitieron a El Pulso Político que la medida cayó "muy mal" en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, desde donde se impulsó el sorteo original del plan Procrear. "Los adjudicatarios cumplen años de espera, con ahorros comprometidos, para que de un día para otro les cambien las reglas del juego", se lamentó un funcionario. Malestar en la Patagonia El conflicto no tardó en escalar en la región. Adjudicatarios de las viviendas de Bariloche anunciaron que iniciarán acciones legales contra el Estado nacional por la reasignación "ilegal y arbitraria" de las unidades habitacionales. "Nos entregaron la adjudicación, cumplimos con los requisitos, hicimos aportes y ahora nos quitan las casas sin aviso previo. Es inaceptable", señaló una de las familias afectadas. En paralelo, organizaciones sociales, gremios y partidos de oposición comenzaron a denunciar públicamente la maniobra del Ministerio de Seguridad, acusando a Bullrich de usar viviendas sociales para "militarizar la Patagonia" en lugar de resolver el histórico déficit habitacional de la región. Ruido en el gabinete La medida también generó cortocircuitos en el gabinete libertario. Según trascendió, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo con la reasignación de las casas, aunque evitó hacer declaraciones públicas. Lo mismo ocurrió en sectores técnicos de la Secretaría de Vivienda. En el entorno de Bullrich, en cambio, defienden la decisión: "La seguridad de la región es prioritaria y se necesita alojar a las fuerzas federales que garantizan el orden y la paz", señalaron en diálogo con este medio. Pero en los pasillos de Balcarce 50 reconocen que el tema puede derivar en un conflicto judicial e incluso político que complique al gobierno en un momento de fuerte desgaste social. ¿Nueva batalla judicial? Mientras tanto, abogados de los adjudicatarios de Procrear analizan presentar amparos para frenar la medida. "Vamos a pedir la nulidad de la reasignación por ser inconstitucional y violar derechos adquiridos", adelantaron. El tema promete escalar en los próximos días. Y en la Rosada saben que esta vez, la pelea no será con la "casta" política, sino con cientos de familias de clase media que confiaron en el Estado para acceder a su primera vivienda.