El Gobierno nacional propuso formalmente un lugar de detención para que Cristina Fernández de Kirchner cumpla la condena de 6 años de prisión ratificada por la Corte Suprema en la causa Vialidad. Según trascendió, la opción planteada por el Ejecutivo consiste en una residencia oficial bajo custodia, perteneciente al Estado, lo que descarta por el momento la posibilidad de una cárcel común. La propuesta, que habría sido acercada de manera informal a la defensa de la ex presidenta y al Tribunal Oral Federal N°2, busca evitar que Cristina cumpla su condena en el penal de Ezeiza o Marcos Paz, posibilidad que el propio Gobierno considera riesgosa en términos de seguridad y repercusión política. Sin embargo, los abogados de la ex mandataria insisten en que debe otorgarse el beneficio de prisión domiciliaria, bajo los argumentos de su edad (71 años) y estado de salud, que incluiría tratamiento médico crónico. Para ello, solicitaron que la pena se cumpla en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde reside habitualmente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que existe un análisis en curso sobre las condiciones en las que se dará cumplimiento a la sentencia. "No habrá privilegios, pero garantizaremos su integridad física. Es una persona de alto riesgo político y social", sostuvo la funcionaria. En su entorno confían en que el Tribunal accederá al pedido de arresto domiciliario, aunque advierten que aún no hay decisión definitiva. Por su parte, la Casa Rosada ve con buenos ojos la alternativa de una residencia oficial bajo control del Servicio Penitenciario, lo que permitiría un control permanente del cumplimiento de la pena sin exponer a la ex presidenta a un penal federal. Según fuentes de la Casa Rosada, se trataría de una propiedad discreta, de fácil vigilancia y sin acceso público. Mientras tanto, el fallo sigue generando reacciones en el arco político: el oficialismo libertario celebró la ratificación de la condena, mientras que el peronismo cerró filas en defensa de Cristina, calificando el fallo como "una proscripción disfrazada de justicia". En paralelo, la militancia kirchnerista mantiene una vigilia en las inmediaciones de su domicilio y anunció nuevas movilizaciones para el miércoles, fecha en la que Cristina se presentará voluntariamente ante la Justicia. El escenario es inédito: por primera vez en la historia argentina, una ex presidenta condenada por corrupción negocia con el poder político y judicial las condiciones exactas de su detención. El desenlace marcará un nuevo capítulo en la feroz disputa que atraviesa a la política nacional.