El futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner está en manos de Patricia Bullrich. Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena a prisión efectiva por corrupción en la causa Vialidad, la ministra de Seguridad activó los protocolos para determinar dónde cumplirá la pena la exmandataria. La decisión no es menor: lo que se resuelva impactará de lleno en la política nacional, en la calle y en la interna del peronismo. Por ahora, Bullrich evalúa dos escenarios. Por un lado, el pedido formal de los abogados de Cristina, que solicitaron que la pena sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento de la calle Juncal, en el barrio porteño de Constitución. Argumentan razones de edad (tiene 71 años) y de salud, así como su rol de expresidenta, que ameritaría un tratamiento diferencial. Pero en paralelo, desde el Ministerio de Seguridad no descartan la opción de una cárcel común, más precisamente el penal de Ezeiza, donde ya estuvo detenida brevemente en otras causas vinculadas a la corrupción. “Nadie está por encima de la ley”, habría sostenido Bullrich en una reunión reservada con sus colaboradores más cercanos. La tensión es máxima. En Casa Rosada, algunos funcionarios temen que enviar a Cristina a una prisión común pueda generar un estallido social, con movilizaciones masivas de la militancia peronista, que ya ocupa las calles desde que se conoció el fallo de la Corte. Otros sectores del oficialismo duro alientan una señal de "firmeza" institucional, que marque un antes y un después en la historia política reciente. Por su parte, el tribunal que la condenó deberá resolver en las próximas horas si hace lugar al pedido de la defensa o si convalida la posición más dura del Gobierno. La Cámara Federal de Casación tiene la última palabra. En el kirchnerismo hablan de "persecución política" y anticipan que si Bullrich opta por la cárcel común, “será una provocación directa al pueblo peronista”. Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro ya habrían mantenido contactos con intendentes del conurbano para evaluar una posible reacción callejera. Mientras tanto, Milei se mantiene al margen, aunque celebró la decisión de la Corte con un escueto tuit: “Se acabó la impunidad en Argentina”, escribió. Pero en su entorno admiten preocupación por un posible recrudecimiento del conflicto social. La definición final podría conocerse en las próximas horas, y marcará un punto de inflexión en el escenario político de cara a las elecciones de 2025. Todo el país, expectante.