El Gobierno no titubea. Luego de que Juan Grabois fuera detenido por ocupar el Instituto Juan Domingo Perón, Patricia Bullrich salió con los tapones de punta. “Metimos preso a una persona que usurpa y destruye”, sentenció la ministra de Seguridad, en una clara muestra de que el oficialismo no piensa ceder ante los sectores sociales que desafíen el orden institucional. Lejos de retroceder tras el escándalo político que generó la imagen de Grabois esposado y retirado del lugar por la policía federal, Bullrich redobló la apuesta y apuntó a lo que considera una “costumbre kirchnerista” de arrogarse espacios públicos o simbólicos como propios. “Ocupaban ese instituto como si fuera una cueva privada”, ironizó. En Casa Rosada, la línea es clara: orden, autoridad y cero concesiones. La detención del referente del Frente Patria Grande, incluso sabiendo la tensión política que eso podía generar, muestra que el gobierno libertario no teme al costo político si de enviar señales de control se trata. Del lado del kirchnerismo, la detención fue calificada como “aberrante” y “provocadora”, mientras que el propio Grabois, ya liberado, denunció persecución política y habló de “una derecha autoritaria que no tolera la disidencia”. El incidente ocurre en una semana de máxima tensión judicial, con la figura de Cristina Kirchner nuevamente en el centro del tablero por el posible fallo de la Corte. En ese marco, la detención de Grabois no solo se interpreta como una advertencia al campo popular, sino también como un ensayo de disciplinamiento para quienes pretendan alzar la voz. Bullrich, en tanto, no se esconde. Todo lo contrario: capitaliza cada embate como prueba de su estilo. En su entorno repiten: “Si hay que poner orden, lo vamos a hacer. Aunque a algunos les moleste”.