El Gobierno de Javier Milei recibió este viernes una crítica inesperada, pero con alto impacto simbólico: la Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud, salió al cruce del ajuste que afecta a las personas con discapacidad. En un documento tajante, los obispos señalaron que "no se puede mirar para otro lado" ante la creciente falta de cobertura y financiamiento estatal para tratamientos, traslados y asistencias básicas. El pronunciamiento se conoció a pocos días de la multitudinaria marcha nacional por la discapacidad, que congregó a familiares, profesionales y organizaciones en diversas ciudades del país. Con pancartas, testimonios desesperados y pedidos urgentes, el reclamo puso en agenda una situación crítica: muchas personas con discapacidad están quedando fuera del sistema por recortes presupuestarios o demoras en los pagos por parte del Estado. “Estamos alarmados por la situación que atraviesan miles de familias que necesitan atención especial y ven que los recursos desaparecen”, dice el documento emitido por la Iglesia. “No se trata solo de números fiscales, sino de la vida y dignidad de personas concretas, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad.” Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal.    La declaración cobra aún más peso por el momento político. La Iglesia había mantenido hasta ahora una postura de bajo perfil respecto del Gobierno libertario, intentando sostener un diálogo institucional. Pero con este tema —sensible y transversal— los obispos decidieron elevar el tono. Detrás del reclamo está la disolución del Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (FONADIS) y los reiterados atrasos en los pagos de prestaciones por parte de obras sociales estatales como el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Además, los prestadores denuncian que desde diciembre no hay actualización de aranceles, lo que vuelve insostenible continuar con los servicios. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, que absorbe áreas sociales clave, no ha dado respuestas concretas ni anunciado un plan de emergencia. La ministra Sandra Pettovello ha optado por el silencio público en este tema, lo que generó aún más desconcierto en las organizaciones del sector. La situación también tiene derivaciones políticas. Dirigentes opositores como Victoria Tolosa Paz, Myriam Bregman y Nicolás del Caño criticaron duramente al Ejecutivo y exigieron que se restituya el financiamiento para garantizar derechos básicos. Incluso dentro del oficialismo hay incomodidad: algunos legisladores que responden a provincias con fuerte presencia de organizaciones de discapacidad reconocen que el tema puede generar un costo político alto. En este contexto, la voz de la Iglesia funciona como un llamado de atención más profundo. No se trata solo de una crítica técnica o presupuestaria: es una advertencia moral. “El Estado no puede retirarse de su obligación de proteger a quienes más lo necesitan. Ajustar sobre los que menos tienen es una señal de alarma espiritual y social”, concluye el documento episcopal. La respuesta del Gobierno, por ahora, es el silencio. Pero puertas adentro, la incomodidad crece. Porque cuando incluso el clero —históricamente cauto en sus posicionamientos— levanta la voz, es señal de que algo muy profundo se está rompiendo.