En un sincericidio que dejó atónitos hasta a los propios funcionarios, el Gobierno nacional admitió por fin que los salarios en el Hospital Garrahan —principal centro pediátrico de Argentina y emblema de la salud pública— “son un desastre”. Sin embargo, en vez de canalizar recursos para mejorar los ingresos del personal médico, el Ejecutivo destinó la friolera de 100 millones de pesos a un sistema para controlar el presentismo de los trabajadores. La noticia provocó indignación entre médicos, residentes y enfermeros del Garrahan, que desde hace semanas se encuentran en conflicto con las autoridades por los bajos sueldos, la sobrecarga laboral y el vaciamiento sistemático del hospital. Muchos de ellos cobran sueldos por debajo de los $450.000, mientras la canasta básica para no ser pobre ya supera los $850.000. “El problema no es que faltemos, el problema es que no nos alcanza para vivir”, dijo una residente en una reciente movilización frente al Congreso. La frase resume el malestar que atraviesa al personal de salud, que durante la pandemia fue aplaudido y hoy se siente directamente abandonado. En paralelo, el Gobierno decidió avanzar con un contrato para implementar un sistema de control de asistencia con fondos millonarios, que incluirá relojes biométricos, software de gestión y recursos humanos externos para auditar el cumplimiento. El gasto fue oficializado en medio del conflicto, lo que provocó un estallido de bronca en los pasillos del hospital. “En lugar de invertir en salarios, destinan $100 millones a un Gran Hermano de la salud pública. Es ofensivo”, remarcó un jefe de servicio del hospital, que prefirió preservar su identidad. La polémica se da en un contexto de creciente deterioro del sistema sanitario. El Garrahan perdió más de 100 profesionales en el último año y medio por renuncias vinculadas a los bajos sueldos y la falta de incentivos. La calidad de atención sigue siendo alta gracias al compromiso del personal, pero los niveles de estrés y agotamiento alcanzan niveles alarmantes. Desde el Ministerio de Salud intentaron relativizar la medida. “El sistema de presentismo busca ordenar y mejorar la gestión”, indicaron fuentes oficiales, aunque reconocieron —por primera vez— que los sueldos “están muy por debajo de lo que deberían”. Aún así, no se anunciaron aumentos concretos ni mejoras estructurales en las condiciones laborales. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Los médicos residentes anunciaron nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas salariales inmediatas, y los gremios anticipan que el Garrahan podría volverse el epicentro de una protesta sanitaria más amplia. La paradoja es evidente: en un país donde los médicos tienen que trabajar más de 60 horas semanales para llegar a fin de mes, el Estado gasta millones en vigilar su puntualidad. Una señal de prioridades invertidas en una Argentina donde la salud pública, una vez más, queda en la sala de espera.