El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó un fuerte temblor político en el seno del gobierno de Javier Milei. La crítica situación en materia de derechos humanos, denunciada por el organismo, cayó como una bomba en la Casa Rosada y generó una inmediata cacería de culpables. Todos los dedos apuntan al embajador argentino ante la OEA, Mariano Caucino, por no haber anticipado ni evitado lo que consideran un “grave error diplomático”. Embajador Mariano Caucino   “El embajador tenía que haber contenido esto antes, o al menos alertado. Nos desayunamos con el informe cuando ya era público”, confesó con evidente malestar un funcionario de Cancillería. En el documento, la CIDH no sólo cuestiona el endurecimiento del protocolo antipiquetes, sino que también advierte sobre retrocesos en materia de libertades civiles, acceso a la salud y al trabajo, y la creciente criminalización de la protesta social. El contenido del informe activó una cadena de reacciones adversas para el gobierno. En Naciones Unidas tomaron nota del documento, mientras que organizaciones de derechos humanos ya piden sanciones y revisiones sobre el trato del Estado argentino a los sectores más vulnerables. “Es un bochorno que vuelve a aislar a la Argentina del concierto internacional”, sostuvo un exembajador con trayectoria en foros multilaterales. Pero lo que más irrita al círculo presidencial es que el documento haya tomado estado público justo en medio de las negociaciones con el Congreso y cuando el gobierno intenta mostrar una imagen de estabilidad y gobernabilidad. “Esto da letra a la oposición y le pega de lleno al corazón del relato libertario”, explican desde un despacho oficial. En este contexto, Caucino quedó en la mira. Aunque mantiene un perfil diplomático y evita los medios, desde la jefatura de Gabinete y Cancillería se preguntan si está alineado con las prioridades del gobierno o si, simplemente, está desbordado por la dinámica regional. Incluso se habló de un posible relevo o "reestructuración" de la delegación argentina en Washington, aunque por ahora son versiones de pasillo. Fuentes diplomáticas afirman que el informe fue impulsado por sectores progresistas dentro de la CIDH, con apoyo de gobiernos latinoamericanos críticos del modelo Milei, como México y Colombia. Sin embargo, en la lógica del gobierno libertario, eso no justifica no haberlo frenado o, al menos, minimizado. Mientras tanto, la Canciller Diana Mondino optó por el silencio, aunque en su entorno también deslizan críticas al accionar de Caucino. “No fue una jugada limpia de la CIDH, pero nosotros nos quedamos quietos. Perdimos por no jugar”, sintetizó una voz oficial. Así, el episodio se suma a una serie de torpezas internacionales que el gobierno intenta corregir sobre la marcha. Pero el daño ya está hecho: el informe será utilizado en tribunales internacionales y en las calles, donde los movimientos sociales y sindicales ya preparan nuevas manifestaciones con la “bendición” del sistema interamericano de derechos humanos.