En un fallo que podría cambiar el rumbo de una de las causas más resonantes del ámbito financiero y judicial del país, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por dos de los principales imputados en el escándalo de la plataforma cripto Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Ambos habían intentado impedir que las víctimas de la estafa se constituyeran como querellantes, lo cual fue denegado por los magistrados. Con esta decisión, se habilita formalmente a los damnificados —más de 100.000 personas según estimaciones judiciales— a participar activamente en el proceso penal. La medida no es menor: permitirá que las víctimas accedan al expediente, propongan medidas de prueba, impulsen la causa y eventualmente exijan una reparación económica más contundente. La causa Libra es considerada la estafa piramidal más grande que ha atravesado la Argentina vinculada al universo de las criptomonedas. Se estima que los montos defraudados superarían los 4.600 millones de dólares, afectando no solo a pequeños ahorristas sino también a inversores institucionales de distintas provincias. La empresa, que prometía retornos excepcionales a través de supuestas inversiones en tecnología blockchain y activos digitales, colapsó tras múltiples denuncias y la intervención de la Justicia. En las últimas semanas, se conoció que la Justicia de Estados Unidos congeló al menos dos cuentas de criptomonedas presuntamente utilizadas para lavar dinero obtenido a través del esquema fraudulento. Las cuentas estaban registradas a nombre de "Team Wallet 1" y “Milei Cata”, lo que generó un fuerte revuelo mediático por las posibles vinculaciones políticas indirectas. Las investigaciones también detectaron movimientos millonarios y extracciones sospechosas, como la de uno de los líderes de la trama que retiró bolsos con dólares de una sucursal bancaria días después de una publicación del entonces candidato presidencial Javier Milei que impulsaba el uso de Libra, según documentos incorporados a la causa. La resolución de la Cámara fue interpretada por fuentes judiciales como “una señal clara de que la Justicia no está dispuesta a permitir maniobras dilatorias” por parte de los imputados, quienes intentaban limitar el alcance de la causa e impedir que el número creciente de querellantes complicara su situación procesal. Por otra parte, abogados querellantes consultados por El Pulso Político anticiparon que con esta resolución podrán solicitar el embargo de más bienes, profundizar el rastreo de fondos en el exterior y acelerar los pedidos de cooperación internacional. También apuntan a una eventual ampliación del listado de imputados, si se confirma que existieron ramificaciones políticas o empresariales con conocimiento de la maniobra. Una estafa que golpea la confianza pública Más allá de lo jurídico, el caso Libra dejó secuelas profundas en la confianza ciudadana sobre el ecosistema cripto y la regulación del mercado financiero digital. Muchas de las víctimas, provenientes del interior del país y sin conocimientos técnicos, fueron captadas a través de campañas de marketing agresivas, con influencers y hasta supuestas “bendiciones económicas” en redes sociales. La falta de control previo por parte del Estado, sumada al vacío legal sobre estos esquemas de inversión, abrió una peligrosa zona gris que esta causa judicial busca comenzar a cerrar. Desde el Congreso, legisladores ya trabajan en proyectos que apunten a regular plataformas de inversión en criptoactivos y sancionar con mayor dureza los delitos económicos cometidos bajo apariencia de tecnología. El mensaje de la Justicia es claro: no hay impunidad posible cuando miles de familias son arrasadas por la codicia disfrazada de modernidad. Y por primera vez en años, las víctimas tienen voz dentro del expediente.