En plena tensión por la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan —con más de 100 renuncias en el último año y medio, protestas salariales y servicios resentidos—, el Gobierno nacional decidió contraatacar. Lejos de reconocer fallas en la gestión o recortes en el área sanitaria, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, salió a marcar la cancha: “No hay motosierra”, sentenció, y cargó contra la propia estructura del emblemático centro pediátrico. En declaraciones públicas, Loccisano aseguró que el hospital recibió tres refuerzos presupuestarios durante 2024, que representan un aumento del 244% respecto al año anterior. Según la funcionaria, el dinero está, pero el problema pasa por otro lado. Y ese “otro lado” apunta directo a la supuesta hipertrofia administrativa del Garrahan. “Tenemos 953 personas en funciones administrativas y operativas, y apenas 478 médicos de planta. Hay algo que no está funcionando como debería”, disparó Loccisano. En esa línea, el Ministerio de Salud implementará desde el 1 de junio un sistema biométrico de control de acceso, una medida que busca “transparentar la gestión de personal y optimizar los recursos”. La decisión generó ruido interno y fue interpretada por muchos trabajadores como un intento encubierto de ajuste. “Están buscando ñoquis para justificar un recorte”, deslizó una fuente gremial del hospital, que anticipa nuevas medidas de fuerza si no se abre una negociación seria. Loccisano, sin embargo, sostiene que el Gobierno está del lado de los médicos: “Queremos pagar mejor a quienes hacen su trabajo con compromiso, pero no vamos a financiar ineficiencias”, explicó. También mencionó mejoras como el aumento del valor de la hora de guardia y la incorporación de un ítem de alta complejidad, aunque reconoció que todavía no hay una propuesta concreta para resolver el conflicto con los residentes, que desde hace meses reclaman sueldos dignos. La situación en el Garrahan se ha vuelto un termómetro del desgaste en el sistema de salud pública, y el oficialismo lo sabe. En lugar de un giro conciliador, eligió exponer lo que considera un problema estructural: el desbalance entre el personal médico y el administrativo, una herencia que adjudican a la “lógica del Estado bobo” que Milei prometió erradicar. Por ahora, los gremios del hospital mantienen el alerta. La amenaza de nuevas renuncias y la caída en la calidad de atención mantienen en vilo a miles de familias que dependen del Garrahan. El Gobierno, en cambio, redobla la apuesta: asegura que los fondos están, pero que no va a convalidar una estructura “sobredimensionada y poco eficiente”. Mientras tanto, los quirófanos se vacían, los pasillos del hospital se llenan de incertidumbre y la motosierra, aunque invisible, sigue haciendo ruido.