En una nueva etapa del ajuste estatal, el Gobierno nacional oficializó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría, y designó a su titular, Alberto Baños, como subsecretario ad honorem.  mediante el decreto 357/2025, con efecto retroactivo al 22 de mayo. La medida se enmarca en una reestructuración más amplia que incluye un recorte del 40% en la estructura del área y una reducción del 30% del personal, lo que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, implicará un ahorro de $9.000 millones anuales  Adorni justificó la decisión afirmando que la cartera ahora se enfocará en "garantizar todos los derechos humanos y no en defender un sector ideológico partidario" . Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la medida señalando que "el contexto actual exige el análisis y adopción de medidas urgentes para mejorar la estructura, funcionamiento y sustentabilidad del Estado" . Alberto Baños, exjuez y docente en Derecho Procesal Penal, había asumido previamente como secretario bajo la misma modalidad ad honorem. Su gestión ya había sido objeto de controversia a principios de año, cuando se anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la exESMA, y se notificó al personal que quedaba en "guardia pasiva", instándolos a adherirse a un plan de retiro voluntario o enfrentar la cesantía . Estas acciones se suman a una serie de medidas que han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, como el cierre de sitios de memoria y la reducción de programas dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura . Críticos advierten que estas políticas podrían representar un retroceso en los avances logrados en materia de memoria, verdad y justicia en Argentina.