En un comunicado emitido el viernes 23 de mayo de 2025, la Cancillería argentina condenó enérgicamente al régimen de Nicolás Maduro, calificándolo como una “maquinaria represiva” y acusándolo de practicar “terrorismo de Estado”. La declaración surge tras la detención de Germán Darío Giuliani, el tercer ciudadano argentino arrestado en Venezuela en los últimos meses. El gobierno argentino denunció un patrón sistemático de represión que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos. Estas acciones, según el comunicado, se ejercen desde el poder del Estado con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia.  Además de Giuliani, se han reportado las detenciones del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado desde diciembre de 2024, y de Pablo Gonzalo Carrasco, experto en ciberseguridad, quien fue liberado tras ser acusado de “conspiración”. La Cancillería argentina expresó su preocupación por la seguridad de sus ciudadanos y anunció que profundizará las denuncias penales internacionales contra los responsables del régimen chavista. El comunicado también hace un llamado a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y violencia ejercida desde las instituciones venezolanas. Argentina reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y continuará impulsando acciones para asegurar que estos crímenes no queden impunes. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre Argentina y Venezuela, y a pocos días de las elecciones regionales y legislativas en el país caribeño. El gobierno de Maduro ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional por su historial de represión y violaciones a los derechos humanos. La situación de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación para el gobierno de Javier Milei, que ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para garantizar su liberación y la rendición de cuentas de los responsables de estas acciones represivas.