En un giro inesperado dentro de la investigación por el escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires, el exministro de Transporte Jorge D’Onofrio solicitó declarar de manera anticipada como imputado ante el fiscal Álvaro Garganta. La audiencia fue fijada para el 28 de mayo, según confirmaron fuentes judiciales D’Onofrio enfrenta cargos como partícipe necesario en delitos de fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito relacionados con el sistema de multas de tránsito. Además, se lo acusa como autor de maniobras irregulares en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La causa, iniciada en octubre de 2023, ya cuenta con 16 imputados, incluyendo funcionarios judiciales, estatales y empresarios del sector. La investigación reveló al menos tres maniobras fraudulentas, siendo la más significativa la relacionada con el sistema de recaudación de multas. Funcionarios dependientes de D’Onofrio habrían colaborado con terceros externos que, actuando como "gestores", ofrecían a los infractores reducciones del 50% en el monto de las multas, operando fuera del sistema oficial. El fiscal Garganta también detectó irregularidades en la distribución de los fondos recaudados por las multas entre la provincia, los municipios y las empresas contratadas para el sistema de fotomultas. En respuesta, el actual ministro de Transporte, Martín Marinucci, ordenó una auditoría de las cuentas bancarias municipales para esclarecer el destino de estos fondos. La causa ha tenido ramificaciones significativas, incluyendo allanamientos a empresas como CECAITRA, que opera cámaras de fotomultas en varios municipios sin la debida autorización legal. Además, se investiga la existencia de emprendimientos en el extranjero vinculados a algunos de los imputados, lo que podría indicar un esquema de lavado de activos. La decisión de D’Onofrio de declarar anticipadamente podría ser interpretada como un intento de tomar la iniciativa en su defensa, en un contexto donde las pruebas en su contra parecen acumularse. La audiencia del 28 de mayo será clave para determinar el rumbo de una causa que ha sacudido los cimientos del sistema de control de tránsito en la provincia.