El Ministerio de Economía anunció la extensión de la baja temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo de 2026. La medida, que había sido implementada originalmente a fines de enero con vigencia hasta el 30 de junio, abarcará así la próxima cosecha fina que está comenzando a sembrarse. Según el comunicado oficial, estas exportaciones y sus derivados representan alrededor de USD 4.000 millones anuales, lo que equivale a cerca del 5% del total exportado por el país. Sin embargo, la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos no fueron incluidos en esta prórroga. A partir de julio, estos cultivos volverán a tributar los derechos de exportación vigentes en enero. Por ejemplo, la soja (poroto) pasará del 26% actual al 33%, y sus derivados del 24,5% al 31%. El maíz y el sorgo también verán incrementadas sus alícuotas. Desde el sector agropecuario, la medida fue recibida con sentimientos encontrados. Mientras que los productores de trigo y cebada celebraron la prórroga, las entidades representativas de la soja y otros cultivos expresaron su preocupación por el impacto que tendrá el aumento de retenciones en la rentabilidad y competitividad del sector. El presidente Javier Milei ya había anticipado en abril que las retenciones a las exportaciones tradicionales volverían en julio, instando al sector a liquidar sus exportaciones antes de esa fecha. La decisión de mantener la baja solo para ciertos cultivos profundiza las tensiones entre el Gobierno y los productores agropecuarios, en un contexto económico desafiante y con negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional. La medida también plantea interrogantes sobre la estrategia fiscal del Gobierno y su compromiso con la reducción de impuestos al sector productivo. Mientras algunos ven en esta decisión una muestra de pragmatismo, otros la interpretan como una señal de que las promesas de eliminar las retenciones podrían postergarse indefinidamente. En este escenario, el agro argentino enfrenta un panorama incierto, con políticas fiscales que favorecen a algunos cultivos en detrimento de otros, y con la necesidad de adaptarse a un entorno económico y político en constante cambio.