El idilio paisajístico de Villa?La?Angostura quedó interrumpido este lunes cuando integrantes de la Comunidad Paicil?Antriao montaron un bloqueo en el kilómetro?2.119 de la Ruta?40, a pocos metros del acceso al lago Correntoso. Con maderas, neumáticos y un fogón permanente, prohíben la circulación hacia un predio de casi seis hectáreas que la Justicia consideró “usurpado” y ordenó restituir a su propietario original hace más de un año. La medida de fuerza estalló después de que el juez federal de Zapala, Silvio?Troncoso, notificara la reactivación del operativo de desalojo, paralizado desde diciembre por “razones humanitarias” y falta de efectivos. La comunidad mapuche argumenta “derechos ancestrales” sobre el terreno y denuncia que la sentencia se basó en títulos “viciados de nulidad” otorgados en los años ‘70. El gobernador ROLO?FIGUEROA se vio obligado a intervenir: llamó a PATRICIA?BULLRICH para que despliegue gendarmes y garantice la libre circulación en la ruta nacional, mientras abrió un canal de diálogo con el lonko RAÚL?PICHUN a través del ministerio de Gobierno provincial. La Casa?Rosada, por su parte, respondió a la línea dura: “Las órdenes judiciales se cumplen”, afirmó un vocero de Seguridad, dejando entrever que se avanzará si no hay acuerdo de última hora. Empresarios hoteleros y gastronómicos de la zona alertan pérdidas millonarias en plena temporada baja: calculan que las reservas cayeron 40?% desde que las noticias del piquete coparon los portales. También preocupa el impacto en la imagen internacional del destino, habituado a recibir turismo de alto poder adquisitivo. En paralelo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la inminente intervención federal y pidieron respetar el “protocolo de consulta” del Convenio?169 de la OIT. El Ministerio de Justicia remarcó que el caso “no encuadra en nuevas normativas” y que rige una orden firme de desalojo. El episodio suma un nuevo capítulo a la política indígena del gobierno libertario. Semanas atrás, Bullrich se reunió con gobernadores patagónicos para coordinar un comando unificado de fuerzas federales ante ocupaciones. Ahora, el éxito o fracaso de esa estrategia se medirá en las orillas del Nahuel?Huapi. Mientras las partes se acusan mutuamente de dilatar la solución, los vecinos padecen cortes intermitentes y la región se mantiene en vilo. El reloj judicial corre: si el bloqueo persiste, el jueves vencerá el plazo de intimación y el desalojo podría concretarse con uso de la fuerza. Una postal explosiva que, otra vez, enfrenta derechos ancestrales con el peso de la justicia y del mercado inmobiliario.