El escándalo del deepfake que envenenó la recta final de la campaña porteña sumó este lunes un giro judicial: la Fiscalía N.º35 de la Ciudad presentó la primera imputación formal contra el equipo digital que responde al ministro de Economía, Luis“Toto” Caputo. El fiscal Álvaro Katz los acusa de “falsificación ideológica de documento audiovisual” (art. 292 CP) y de “inducción a error al electorado” (art. 139 Código Electoral), delitos que podrían derivar en penas de hasta seis años de prisión. La investigación arrancó a partir de la denuncia del PRO –patrocinada por el abogado Alejandro Finochiaro– que señaló que el video, viralizado el sábado por la madrugada, fue generado con inteligencia artificial para simular la voz y la imagen de Macri llamando a “frenar al libertarismo salvaje”. Katz dispuso el secuestro de los equipos del community manager Agustín Ravazzani, del data?analyst Micaela Altieri y del estratega publicitario Tomás Lopetegui. Los tres forman parte del denominado “búnker digital” de Caputo, operativo en oficinas satélite del Ministerio. Fuentes judiciales revelaron a El Pulso Político que Metropolitana e Interpol colaboran con un trazado IP que ubica la edición del clip en una workstation registrada a nombre de Lion Solutions SA, firma proveedora del Gobierno para campañas de AFIP y ANSES durante la pandemia. Un drive interno mostrado en la causa contendría “otros seis prototipos de piezas apócrifas”, incluidos audios falsos de la ex presidenta Cristina?Kirchner. El capítulo político es explosivo. En Balcarce?50 intentan bajarle el tono y deslizan que Caputo “no estaba al tanto” de la maniobra. Pero en el PRO hay quienes ven una jugada deliberada para arrinconar a Macri en la provincia de Buenos?Aires. La ministra Patricia Bullrich, interlocutora entre Casa Rosada y el macrismo, exigió esta mañana “caiga quien caiga” y pidió que se despeje la responsabilidad del ministro lo antes posible para “no ensuciar el diálogo legislativo”. En paralelo, el bloque libertario en la Legislatura porteña presentó un proyecto para agravar las penas por desinformación electoral cuando se utilicen herramientas de IA generativa. El texto –inspirado en normativas europeas– propone hasta 8 años de cárcel y la inhabilitación especial para contratar con el Estado. Hacia adelante, los tiempos judiciales pueden condicionar la economía. Caputo encara la licitación del bono peso?linked que busca sumar USD 2.000?millones de reservas, y un procesamiento pondría en jaque su credibilidad de mercado. En la mesa chica libertaria barajan un posible “plan B” si el caso escala: el vice de Economía, Nicolás Posse, quedaría al frente de la emisión. El fiscal Katz citó a indagatoria a los tres imputados para el jueves 22. Mientras tanto, peritos de la UFECI analizan metadatos del video y los softwares empleados (Stable Diffusion + ElevenLabs). Si se confirma premeditación y financiamiento público, la causa podría reencuadrarse en malversación de caudales. El concretar o no ese salto dependerá de un dato clave: quién pagó la factura.