En plena crisis de recursos y con una administración nacional que cerró el grifo de transferencias discrecionales, Axel Kicillof busca oxígeno financiero. El gobernador bonaerense envió a la Legislatura un proyecto para tomar deuda por $150.000 millones, con el objetivo de afrontar vencimientos, pagar salarios y sostener obra pública. Pero se encontró con un freno político: la oposición no está dispuesta a firmar un cheque en blanco. Desde Juntos por el Cambio —que mantiene peso clave en el Senado bonaerense— advierten que su acompañamiento está atado a una condición concreta: que parte de los fondos que se obtengan mediante el endeudamiento sean girados directamente a los municipios, sin discrecionalidad y con libre disponibilidad. “Los intendentes están haciendo malabares para pagar sueldos. No hay ATN (Aportes del Tesoro Nacional), no hay obra pública nacional, y encima les cae el ajuste de Milei. Necesitan recursos ya”, explican desde el bloque de senadores radicales, donde confluyen varios jefes comunales del interior con peso territorial. Tensión en la Legislatura y puja por la letra chica El debate se traslada a las comisiones de la Cámara Alta, donde el oficialismo intentará lograr dictamen esta semana. Pero sin acuerdo político con la oposición, no hay chances de que el proyecto avance. Por eso, el ministro de Economía Pablo López y el jefe de Gabinete Carlos Bianco comenzaron una ronda de contactos informales con intendentes opositores y legisladores de JxC para destrabar la negociación. El punto más conflictivo es la distribución de los recursos. Desde el Ejecutivo aseguran que una parte del endeudamiento está pensada para asistencia a los municipios, pero todavía no se comprometieron a establecer un piso mínimo ni a definir cómo será el reparto. “Si no hay un criterio transparente y claro, no lo vamos a votar”, repiten en Juntos por el Cambio. La oposición exige que los fondos se coparticipen automáticamente o se asignen por índice, evitando el manejo discrecional del Ejecutivo, algo que ya generó choques en años anteriores. Intendentes en alerta y negociaciones cruzadas Detrás del tironeo legislativo hay una pulseada más profunda: el equilibrio de poder entre Kicillof y los intendentes, en un contexto en que la Provincia —sin apoyo del Gobierno nacional— se convirtió en el último sostén para muchas comunas. Por lo bajo, varios alcaldes oficialistas también miran con preocupación el futuro financiero. “La Provincia está haciendo lo que puede, pero los números no cierran. Necesitamos recursos para funcionar, no para hacer política”, confiesa un intendente peronista del conurbano. En tanto, desde el entorno de Kicillof aseguran que hay voluntad de diálogo, pero también remarcan que no permitirán que la oposición “co-gobierne” la gestión provincial. “Estamos dispuestos a negociar, pero no bajo presión ni con extorsiones”, apuntan cerca del gobernador. El trasfondo: Milei, el ajuste y el reordenamiento de la política territorial El pedido de deuda aparece en un momento complejo. La relación entre Nación y Provincia está completamente quebrada. Javier Milei recortó giros, frenó obras y eliminó transferencias discrecionales, lo que obligó a Kicillof a financiar con recursos propios el Fondo de Incentivo Docente y varios programas sociales. Ese esfuerzo fiscal, sumado a la caída de la recaudación por la recesión, empuja al gobernador a buscar alternativas de financiamiento. Pero cada movimiento también es leído en clave política. “Kicillof está intentando sostener su modelo con deuda, pero no puede hacerlo sin nosotros. Si quiere gobernabilidad, tiene que sentarse a acordar”, advierte un referente del PRO. En paralelo, se acelera el reordenamiento de la política territorial bonaerense. Intendentes de todos los colores buscan preservar su autonomía financiera, reforzar sus estructuras locales y tomar distancia de las disputas nacionales. Muchos ya activaron gestiones propias ante organismos multilaterales o la Legislatura para destrabar fondos que les permitan sortear el año sin sobresaltos. ¿Qué puede pasar esta semana? Con la necesidad de cerrar el acuerdo antes del fin de mayo, el gobierno bonaerense apura las gestiones. La clave pasará por el contenido del dictamen que salga del Senado y si logra incluir una cláusula que garantice el envío de fondos a los municipios. Si no hay avances, el riesgo es que el proyecto quede trabado y la Provincia enfrente un segundo semestre con escaso margen fiscal y sin financiamiento externo. En ese caso, Kicillof tendría que recurrir nuevamente al mercado local o a redireccionar partidas, lo que puede impactar en áreas sensibles como salud, educación o seguridad. En medio del ajuste nacional, la provincia más grande del país vuelve a transformarse en un tablero de alta tensión política.