El Gobierno nacional resolvió poner en pausa las auditorías masivas a las pensiones por invalidez laboral, una medida que había comenzado a implementarse en abril y que ya había generado polémica por la cantidad de beneficios suspendidos de manera sorpresiva. Según confirmaron fuentes oficiales, la decisión responde a la fuerte presión social y política que desató el operativo de control. La suspensión de las auditorías fue instruida desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que gobernadores, intendentes y hasta legisladores del oficialismo advirtieran sobre el impacto de la medida, especialmente en las provincias del Norte y el Conurbano bonaerense. En apenas un mes, se habían dado de baja miles de pensiones en base a supuestas irregularidades. Sin embargo, numerosos beneficiarios denunciaron que fueron excluidos sin notificación previa ni posibilidad de defensa, lo que generó protestas, reclamos judiciales y pedidos de informes en el Congreso. En la Casa Rosada admiten ahora que la avanzada sobre los sectores más vulnerables fue mal manejada y que terminó convirtiéndose en un foco de conflicto innecesario para la gestión. “El Presidente quiere ordenar las cuentas, pero también entiende que no se puede hacer todo a la fuerza”, señaló un funcionario de alto rango. La medida se da además en un momento político delicado, tras una serie de elecciones provinciales en las que La Libertad Avanza ganó con lo justo o incluso quedó en segundo lugar, en un contexto de creciente malestar social por el ajuste. El oficialismo sostiene que la auditoría no está cancelada, sino en revisión, y que buscarán relanzarla con mayores controles y “criterios técnicos más precisos”, para evitar abusos o errores que perjudiquen a personas que realmente necesitan el beneficio. En paralelo, organizaciones sociales y de discapacidad exigen que se reincorporen de inmediato las pensiones suspendidas y que se abra una instancia de apelación transparente. La presión también viene desde algunos aliados parlamentarios que ven en este conflicto una amenaza directa al capital político del Gobierno. Por ahora, el Ejecutivo apuesta a ganar tiempo y descomprimir el conflicto. Pero el tema dejó una marca: el límite del ajuste parece estar cada vez más cerca del umbral de tolerancia social