El Gobierno de Javier Milei ha delineado una estrategia integral para combatir la inflación, que combina un fuerte ajuste fiscal con políticas de control de precios y salarios. El plan incluye una reducción drástica de la emisión monetaria, topes a las negociaciones salariales y presión sobre las empresas para evitar aumentos de precios considerados "injustificados". Una de las medidas más destacadas es la intervención en las paritarias del Sindicato de Comercio, el más grande del país con dos millones de afiliados. El acuerdo firmado con las cámaras del sector contempla un aumento acumulativo del 5,4% en tres tramos, más sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo ha convocado a las partes para renegociar el acuerdo, buscando alinearlo con la pauta del 1% mensual que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, el Gobierno ha intensificado la presión sobre las empresas para contener los precios. Supermercados y mayoristas han rechazado aumentos de entre 9% y 12% propuestos por algunas alimenticias, argumentando que el consumo masivo está en niveles históricamente bajos y que no pueden trasladar esos incrementos a los precios finales. Un caso emblemático es el de Molinos Río de la Plata, que reportó pérdidas por $5.460 millones en el primer trimestre, atribuyéndolas a la imposibilidad de ajustar sus precios en línea con el aumento de costos. Además, el Gobierno ha decidido aplicar aumentos en las tarifas de luz y gas por debajo de la inflación, con un incremento promedio cercano al 2,5% a partir de mayo. Esta medida busca evitar un impacto significativo en los usuarios y mantener la inflación bajo control. La estrategia del Gobierno se inspira en las ideas de Carl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de economía, que aboga por una intervención mínima del Estado en la economía. Sin embargo, la combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas ha generado críticas y dudas sobre su efectividad a largo plazo. El desafío para el Gobierno será mantener la estabilidad económica sin afectar el crecimiento y el empleo, en un contexto de alta inflación y recesión. La implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal serán claves para lograr una desinflación sostenible.